La Comunidad Académica en Línea

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15:30 hrs. Junio 17 de 2004

Boletí­n UNAM-DGCS-444

Ciudad Universitaria

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EN GRAVES PROBLEMAS EL CAMPO MEXICANO : DIEGO VALADÉS

í‚· El director del IIJ reconoció que los estudios jurí­dicos, sociológicos, antropológicos y económicos en materia agraria son escasos en nuestro paí­s

í‚· Ricardo Garcí­a Villalobos, presidente del Tribunal Superior Agrario, aseguró que no hay corrupción en el campo de la justicia agraria

í‚· Para Rodolfo Veloz, magistrado del Tribunal Superior Agrario, a 12 años de expedida, la Ley en la materia no ha propiciado el desarrollo empresarial que se perseguí­a

í‚· Se pretende elaborar una iniciativa de ley: Manuel Garcí­a, presidente de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados

A pesar de los graves problemas que vive el campo en nuestro paí­s, parecerí­a que “se ha abdicado de esa responsabilidad”, aseguró Diego Valadés, director del Instituto de Investigaciones Jurí­dicas (IIJ) de la UNAM.

Reconoció que los estudios jurí­dicos en materia agraria son escasos en nuestro paí­s. Lo mismo sucede con los análisis sociológicos, antropológicos y económicos. “Aquello que preocupó a los economistas mexicanos en el siglo pasado, hoy ya no forma parte de su catálogo. Están más interesados en los temas de la globalización que en las cuestiones internas de la sociedad”, advirtió.

Al participar en la mesa redonda “Problemas y perspectivas en la procuración e impartición de la justicia agraria”, organizada por la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados y el IIJ, subrayó que el tema de la situación del campo en México vuelve a ser objeto de reflexión responsable, seria y comprometida.

Resaltó que algunos de los problemas que vive el campo hoy dí­a son la falta de tecnologí­a, créditos y educación, así­ como la mí­nima defensa de los intereses de los campesinos en los mercados extranjeros.

A su vez, Ricardo Garcí­a Villalobos, presidente del Tribunal Superior Agrario, informó que cada año esta instancia recibe 38 mil juicios agrarios, lo que ha permitido crear una visión de que la justicia en esta materia realmente existe.

Añadió que de los asuntos recibidos hasta el momento, se han resuelto el 92.32 por ciento, y en la actualidad están en procedimiento los restantes; es decir no hay rezago en materia de justicia agraria ordinaria.

Aseguró que hoy dí­a no hay corrupción en el campo de la justicia agraria, pese a que interviene la naturaleza humana como ingrediente vital. No hemos recibido denuncias ni de organizaciones campesinas ni de particulares que presuman que hay falta de probidad en la materia.

En tanto, el magistrado Rodolfo Veloz, del Tribunal Superior Agrario, opinó que a 12 años de haberse expedido la Ley Agraria y pese a las expectativas que supuso, no se ha propiciado el desarrollo empresarial que se perseguí­a.

Por ello, agregó, es necesario regresar al Estado como vigilante de la producción en el campo respecto a la función social que debe cumplir la propiedad privada, porque la nación es propietaria de todos los recursos naturales.

Sin embargo, aseveró, “si no se explotan los recursos, si somos incapaces de hacer productiva la tierra, permaneceremos a la zaga, sobre todo en este proceso de globalización que permite introducir productos agroalimentarios de paí­ses desarrollados que subsidian a sus campesinos”.

En el auditorio Héctor Fix-Zamudio del IIJ, el magistrado calificó como indispensable para el paí­s “regresar a nuestras raí­ces e impulsar la reapertura del reparto agrario”.

Sugirió que los diferentes niveles de gobierno deberí­an canalizar recursos para jubilar a los trabajadores agrí­colas y hacer un reacomodo de esas superficies a favor de quienes abandonan el campo para irse a Estados Unidos.

Admitió la necesidad de buscar y perfeccionar una norma procesal agraria que simplifique la justicia, la haga más eficiente y rápida, a fin de que los jornaleros tengan una legislación de acuerdo con las condiciones culturales, económicas, sociales y polí­ticas que imperan en su medio.

A su vez, Manuel Garcí­a Corpus, presidente de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, agradeció a los asistentes el hecho de que el tema agrario, que atañe a 25 millones de mexicanos que sobreviven en el medio rural, tenga eco y respuesta en tiempos en que ese segmento parece abandonado a su suerte de manera definitiva.

“Legisladores, intelectuales, estudiosos y todos los que de una u otra forma se identifican con esos compatriotas, que en su mayorí­a viven en condiciones de pobreza extrema, tienen un compromiso que va más allá de ideologí­as, credos, militancias e intereses polí­ticos o de grupos personales”, expresó.

Comentó que los legisladores, con apoyo de universitarios, elaborarán en breve una iniciativa de ley que refleje la situación y atienda las necesidades del medio rural en el plano legislativo.

Para Luis Hernández Palacios, magistrado de los tribunales agrarios, el futuro del campo mexicano no sólo está determinado por las transformaciones cristalizadas y condensadas en instituciones legales que dieron paso a la reforma agraria y que conllevó a que un paí­s rural, al inicio del siglo XX, se haya convertido en urbano y donde la conciencia y la percepción colectiva sobre su trascendencia dejó de tener importancia.

Con ello se han ignorado aspectos como la seguridad y la autosuficiencia alimentarias, que son temas de salvaguarda nacional, concluyó.