La Comunidad Académica en Línea

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06:00 hrs. Junio 4 de 2004

Boletí­n UNAM-DGCS-413

Ciudad Universitaria

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CIRCUNSTANCIAS DE VULNERABILIDAD VIVEN MÁS DE SIETE MILLONES DE NIÑOS MEXICANOS

í‚· Las acciones en el campo de la infancia son insuficientes, porque es una tarea que desborda las acciones a su favor, afirmó el director de la FCPyS, Fernando Pérez Correa

í‚· Se realizó el Primer Foro Nacional sobre la Situación Actual y Perspectivas de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en México

En México se registran circunstancias de vulnerabilidad social que afectan la condición real de los niños y adolescentes, como son la explotación laboral y sexual, abuso, maltrato, abandono, desprotección jurí­dica, vida en las calles, orfandad, violencia familiar y el SIDA, lo que representa un desafí­o para la sociedad mexicana, coincidieron funcionarios, académicos, legisladores y representantes de la sociedad civil.

Durante el Primer Foro Nacional Situación Actual y Perspectivas de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en México, realizado en la Facultad de Ciencias Polí­ticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, los participantes señalaron que de los 40 millones de menores de 18 años que habitan en el paí­s, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) atiende a más de 7 millones, identificados como parte de la población vulnerable.

Al inaugurar el Foro, en el Auditorio “Flores Magón” de la FCPyS, el director de la entidad universitaria, Fernando Pérez Correa, señaló que el tema de la infancia y de la adolescencia es “colosal” y lo que pueda hacerse es insuficiente, pues se trata de una tarea que desborda las acciones a su favor.

Por ello, convocó a todos los sectores de la sociedad mexicana a unir esfuerzos para enfrentar este desafí­o, aunque advirtió que existen debilidades muy graves, como la agudización de las desigualdades tradicionales, además de los saldos injustificables en materia de acceso a la seguridad económica y participación social.

A ello, dijo, se suma una nueva agenda que se produce con motivo del gran estallamiento del movimiento mundial por la diferenciación. “Sabemos que en la sociedad posmoderna las mujeres, hombres, niños, grupos sociales están afirmando sus discrepancias y derechos a la participación, así­ como el reconocimiento de su propia identidad y al trato de sus más graves deficiencias”.

Sin embargo, advirtió, hay otro reto que resulta de la afirmación de la soberaní­a mundial de los mercados, donde hay actividades legales e ilegales, y en el que los niños y adolescentes son un blanco vulnerable.

En su oportunidad, la directora general del DIF, Ana Teresa Aranda Orozco, expresó que una de las principales causas que limita el derecho de los niños y jóvenes para acceder a una mejor calidad de vida, es su incorporación a la fuerza laboral. En el 2003, precisó, este sistema atendió a 30 mil 564 menores trabajadores y a 48 mil 966 infantes y adolescentes en riesgo, miembros de familias vulnerables.

Sin embargo, informó que de acuerdo con un Segundo Estudio de Menores Trabajadores, realizado en el año 2002 por el DIF y la UNICEF, se ha reducido su número en un 17 por ciento en cinco años.

De acuerdo con los datos recogidos en cien ciudades –donde quedó excluido el Distrito Federal- se revela que hay un total de 94 mil 795 niños y adolescentes trabajadores en el sector informal, lo que refleja su disminución en comparación con el Primer Estudio, efectuado en 1997, en el que se contabilizaron un total de 114 mil 497.

De ese total, 35 por ciento son niñas y el resto varones, tras señalar que en once ciudades existe una concentración de más de dos mil menores en cada una de ellas, lo que representa el 43.7 por ciento de esa población.

Con relación a las actividades que realizan los infantes de entre 6 y 17 años, destaca que el 39 por ciento trabaja como “cerillos” o empacadores en tiendas de autoservicio; el 31 se dedica al comercio, principalmente ambulante y en ví­a pública, y el 17 por ciento en actividades que pueden ser consideradas como servicios de ayuda y mendicidad.

En promedio estos menores se emplean 5.7 horas. El 98 por ciento vive en casa, mientras que sólo el 1.4 lo hace en la calle y el resto en albergues o en su centro laboral.

Asimismo, el 71.6 por ciento asiste a la escuela, el 48 por ciento cursa la primaria, el 42 la secundaria, y un 8 por ciento el bachillerato.

La funcionaria explicó que el DIF recibió en el año 2003 y atendió, por conducto de las procuradurí­as de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia que operan en 25 estados del paí­s, un total de 19 mil 842 denuncias de maltrato, de las cuales en 12 mil 690 se pudo comprobar el hecho.

Añadió que otra forma terrible de abuso es la explotación sexual comercial infantil, que es “un grave cáncer que corrompe y aniquila a la niñez”. Para terminar con este asunto, dijo, el DIF busca hacer sinergia con la sociedad, los medios de comunicación y las familias.

Finalmente, refirió que el problema de los niños y adolescentes en situación de calle es uno de los que vulneran en mayor grado su integridad, pues son susceptibles de ser ví­ctimas de problemáticas colaterales como las adicciones, explotación sexual y laboral.

Al respecto, señaló que en el 2003 se invirtieron 21 millones de pesos para beneficiar a 40 mil 101 menores, con la participación de organizaciones de la sociedad civil y los sistemas municipales DIF.

En su oportunidad, Ricardo Sepúlveda, secretario Técnico de la Comisión de Polí­tica Gubernamental en Materia de Derechos Humanos de la Secretarí­a de Gobernación, se refirió a los propósitos del Programa Nacional de Derechos Humanos, el cual, dijo, debe ser “trasexenal” para que no se pierda con el cambio de administraciones.

Expresó que el paí­s enfrenta el reto fundamental para establecer una polí­tica de Estado en la materia. Para ello, indicó, ha sido necesario, primero, incorporar estos tópicos en la agenda nacional, y segundo, crear los mecanismos institucionales para generar las respectivas polí­ticas públicas.

Por su parte, la diputada Adriana González Furlong expresó que en el ámbito mundial uno de cada cuatro niños es objeto de algún tipo de intromisión en su intimidad.

Subrayó que en México, no obstante los avances legislativos, y en particular la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Jóvenes, aún falta mucho por avanzar, y por ello es urgente hacer de esta legislación un instrumento capaz de articular a las diversas instituciones públicas que trabajan a favor de la niñez, para garantizar y fortalecer los lineamientos integrales que satisfagan sus necesidades.