La Comunidad Académica en Línea

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Texto del Observatorio Ciudadano de la Educación

Comunicado 96

Los Libros de Texto Gratuitos

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"Imposición de la versión del Estado

No hay canales de participación para definir contenidos

Comprender el papel que juegan los Libros de Texto Gratuitos (LTG) supone considerarlos como resultado de un largo proceso histórico. En 1959 se creó, por decreto presidencial de Adolfo López Mateos, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, cuyo objetivo principal era editar y distribuir de manera gratuita los libros escolares para todos los niños que cursaban la primaria. La situación de la educación mostraba que de cada mil niños que ingresaban a la primaria, 866 desertaban antes de terminarla. De los 58 que lograban ingresar a secundaria, sólo terminaban 12. A educación superior ingresaban seis y no terminaban cinco. En ese contexto, asociado a la polí­tica de Estado para el sector denominada Plan de Once años, hacia 1960 las primeras ediciones de LTG empezaron a publicarse y a repartirse en las escuelas. Desde entonces se puede hablar de cuatro momentos fundamentales de los libros: "

"El momento de su creación

El Estado se propone, mediante los LTG, dos objetivos: a) Responder a la demanda creciente de educación de la población, particularmente a los grupos más desfavorecidos, a partir de la gratuidad de los manuales escolares; b) Aprovechar la oportunidad de transmitir normas y valores, así­ como su proyecto de sociedad. Por ejemplo: se presenta a la familia como cimiento de la sociedad, y a través de la representación de la patria se muestra una sociedad igualitaria en la que todos sus miembros tienen un lugar a partir del cumplimiento del deber personal.

La colección de los LTG, escritos por maestros de la SEP y sometidos a concurso, se completó hasta 1968, año en el que se editaron por primera vez los 36 tí­tulos correspondientes a los seis grados de primaria, mismos que se reditaron cada año hasta la reforma educativa de Echeverrí­a. Desde el principio desatan fuerte oposición entre los sectores más conservadores, particularmente autoridades eclesiásticas, miembros de la iniciativa privada, Unión Nacional de Padres de Familia y el Partido Acción Nacional, quienes casi nunca orientaron su argumentación hacia los contenidos. Para ellos el punto central del conflicto giraba en torno a su carácter laico y sobre todo obligatorio. Impugnan la injerencia del Estado en la educación y el creciente control que ejerce en ella. Los funcionarios del gobierno y las organizaciones de trabajadores cercanas al PRI, defienden los LTG mostrando que sus contenidos no son distintos de los que podrí­an haber incluido los opositores, exceptuando el carácter laico, pero no abordan el punto principal: la responsabilidad del Estado de asegurar los recursos necesarios -también los pedagógicos, entre ellos los LTG- para que todos accedan a la educación, ¿legitima que éste imponga una versión única de los contenidos educativos?

La reforma educativa en el sexenio echeverrista. Los LTG de los años 70 representaron el esfuerzo del Estado por modernizarse. Estos libros buscan la reinserción de México en el ámbito mundial, dando paso en su lugar a una visión universalista que enfatiza lo urbano. A diferencia del conflicto que se presenta al momento de su creación, la reforma de los LTG despertó una oposición a la forma de materializarlos. Su obligatoriedad a 15 años de establecida es un hecho consumado; ningún argumento se dirige contra el Estado educador. Desde esa perspectiva, el primer conflicto pudo haber tenido más fondo, en tanto se trataba de cuestionar el sentido mismo de la producción de los libros por el Estado. En el sexenio echeverrista se critica el contenido de los libros de sexto año -sobre todo el de Ciencias Sociales, el de Ciencias Naturales y una lección del de Matemáticas-, así­ como su orientación ideológica. Además de algunos actores del primer conflicto, ahora los defienden las universidades y grupos de intelectuales, algunos de los cuales participaron como asesores en la elaboración. Para este momento el Estado no ha desarrollado estrategias para que niños y jóvenes puedan ejercer su derecho a tener en la escuela libre acceso a las diversas maneras de interpretar y valorar la realidad.

Reforma del sexenio salinista

En el contexto del Programa para la Modernización Educativa y del Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica se plantea una reforma global a la educación nacional y en ella se propone la revisión de los LTG. Como se declara al ciclo escolar 1992-1993 Año de la Historia de México, son los libros de historia los primeros en relaborarse. Son coordinados por Enrique Florescano y Héctor Aguilar Camí­n, quienes contratan a historiadores de varias instituciones de educación superior e investigación. El objetivo explí­cito era "no ocultar el pasado histórico por doloroso que fuera". Los libros se presentaron el 4 de agosto de 1992 y como en el pasado provocaron fuerte reacción. Fueron criticados por la manera de interpretar algunos hechos históricos como el porfiriato o la no inclusión de algunos "héroes nacionales". La primera edición no se repartió y se le hicieron enmiendas.

Los cuestionamientos giraron en torno a cuatro temas: 1. ¿A quién corresponde hacer los libros? Se decidió que se abrirí­an a concurso y la SEP escogerí­a al ganador. 2. ¿Los LTG deben permanecer o modificarse? Se reconoció la necesidad e importancia de revisarlos periódicamente. 3. ¿Cuál es la mejor manera de diseñar los libros de texto? Se publicaron lineamientos para elaborarlos. 4. ¿Cuál es la mejor forma de enseñar la historia a los niños? Aunque los libros se recogieron y se enmendaron y la SEP reglamentó su contenido, a más de 30 años de su existencia, ésta es una cuestión no resuelta, aun cuando existe una lista de libros complementarios que pueden ser usados en el aula. No se han diseñado estrategias ni normas que permitan a padres de familia, maestros, o partidos polí­ticos participar en fijar las orientaciones de la educación pública. Esto es importante, sobre todo en los textos de historia, porque en ellos se agudiza la confrontación entre convicciones personales o las tomas de posición partidista y una interpretación oficial del devenir del paí­s.

A partir de 1993, cuando se revisaron todos los demás libros, la SEP promovió mayor participación de los académicos en su elaboración. También los investigadores educativos empezaron a hacer estudios puntuales sobre la manera en que profesores y alumnos utilizan los libros, sus efectos en los procesos de aprendizaje y las prácticas de enseñanza que promueven. No obstante, habrí­a que impulsar con ahí­nco este tipo de trabajos, porque son indispensables para atender a la mejora continua de la educación nacional.

Los LTG para secundaria

Desde 1997 la SEP puso en marcha el Programa de Distribución de Libros de Texto para Secundaria. Igual que antaño, su objetivo es evitar la deserción escolar de jóvenes que por falta de recursos para adquirir los libros no pudieran continuar. Este programa federal se complementa con la aportación de las entidades federativas, que otorgan libros a los estudiantes de las capitales de los estados o de ciudades con un cierto tamaño. Según cifras de la SEP, actualmente se dota de libros de texto al 100 por ciento de los alumnos de las escuelas generales y técnicas públicas.

Si bien estos libros no son producidos por la SEP, ésta, mediante la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos los adquiere de editoriales privadas a más bajo costo que en el mercado y los distribuye gratuitamente. Los ejemplares son otorgados a los alumnos en calidad de préstamo, para ser reutilizados por los de las siguientes dos generaciones. Los libros son seleccionados por los propios maestros de la lista oficial que incluye más de 400 tí­tulos autorizados por la SEP. Cada año ésta abre una convocatoria para que los autores, editores y autoridades educativas estatales sometan a evaluación las obras con la finalidad de que sean autorizadas para utilizarlas como libros de texto en ese ciclo escolar.

El titular de la SEP cuestionó recientemente el contenido de uno de los libros de historia para secundaria. Se trata de Historia de México. Un enfoque analí­tico, escrito por Claudia Sierra Campuzano, publicado por Editorial Esfinge, el cual fue autorizado por la SEP desde 1998 para el uso de los alumnos de tercero de secundaria. El cuestionamiento volvió a poner en la mesa de discusión el asunto de la transmisión del saber a niños y jóvenes. Es claro que la historia de un paí­s no es uní­voca y que quienes autorizan los libros no tienen derecho o autoridad para definir y limitar el tipo de interpretación histórica o la postura ideológica frente a teorí­as cientí­ficas o económicas que se presenten a niños y jóvenes. La determinación uní­voca y unilateral de los contenidos educativos tiene cada vez menos sentido, tanto desde el punto de vista polí­tico como desde la perspectiva de la progresiva maduración del juicio crí­tico de los educandos. Si el régimen polí­tico mexicano asumió que la educación pública y gratuita financiada por el Estado fuera también definida ideológicamente por éste, el actual proceso democratizador plantea exigencias diferentes. Ahora que el paí­s cuenta con un sistema polí­tico de partidos que ha introducido nuevas reglas democráticas, se debiera tender a que la interpretación de los valores morales e históricos se realice en un ambiente de diálogo del que resulten consensos básicos. Sólo así­ podremos vivir juntos.

Interrogantes

Es claro que la gratuidad de los libros de texto y otros apoyos educativos no puede seguirse asociando con el mantenimiento de posturas cerradas. El tema debe, sin duda, abordarse desde una nueva perspectiva. El balance actual sobre los LTG necesariamente implica una acción incluyente y de corresponsabilidad que atienda a las siguientes preguntas: ¿cuál es la relación que debe guardar la educación pública con la ideologí­a del Estado? Bajo las nuevas reglas de vida democrática, ¿qué legitima al Estado para imponer una determinada versión de los contenidos educativos? ¿Qué tipo de respuestas y conflictos se plantean a los profesores de escuela pública ante el canon oficial de los LTG? ¿Sobre qué bases de participación debe reconocerse el derecho de los padres de familia para fijar las orientaciones de la educación pública? ¿Por qué la SEP no impulsa investigaciones sobre la historia y la ideologí­a de los libros; sobre su uso y su desarrollo; sobre la manera de resolver estos problemas en otros paí­ses

Referencias

Comunicados OCE sobre Polí­ticas, programas y evaluación

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D.R. Observatorio Ciudadano de la Educación

Redacción: Alejandro Canales, Pedro Flores Crespo, Marí­a de Ibarrola, Pablo Latapí­ Sarre, Humberto Muñoz Garcí­a, Carlos Muñoz Izquierdo, Roberto Rodrí­guez y Leonel Zúñiga..

Abril 1, 2003.

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