La Comunidad Académica en Línea

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Texto del Observatorio Ciudadano de la Educación

Comunicado 95

Vamos México y SNTE

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"Tersgiversaciones de la participación social

El abuso de la representatividad

Para quienes impulsamos y promovemos la participación ciudadana en la educación pública, la firma reciente de un convenio entre la Fundación Vamos México y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en torno a la Guí­a para padres, y la controversia desatada constituyen un ineludible punto de reflexión.

La discusión se ha centrado en su contenido, se cuestiona su orientación valorativa y se critican sesgos en la información que se ofrece como conocimiento, el código ético que se impulsa y la visión de familia que se propone como arquetipo, así­ como la falta de perspectiva pluricultural y la carencia de visiones alternativas en temas que pueden ser controvertidos, como drogadicción o sexo. El debate es importante, pero no está ausente el riesgo de censurar el pensamiento conservador porque no coincide con el nuestro. Se argumentan juicios de expertos en favor y en contra del contenido pedagógico y la calidad educativa de la obra, y padres de familia de diversas condiciones sociales se preguntan dónde pueden conseguir ese material de "distribución gratuita" que, de acuerdo con la promoción de Televisa, les ayudará a aprender lo que nadie les ha enseñado. Reservamos el análisis del contenido de la Guí­a... para un futuro comunicado.

Para OCE el debate debiera abrirse a otras vertientes del problema que tienen que ver con la participación social en educación. Consideramos que la mezcla de atribuciones legí­timas de participación con tres aspectos muy problemáticos, amerita la significativa reacción de la opinión pública en contra del acuerdo: a) la invasión parcial, pero decidida del muy delicado espacio público de la educación nacional, que uno de los actores intenta manejar como propio (el SNTE); b) el abuso de la representatividad otorgada, y c) la mezcla poco ética de los planteamientos ideológicos de los firmantes; estos tres puntos se refuerzan perversamente.

Los actores principales son parte de lo que se conoce como organizaciones no gubernamentales, integrantes de un tercer sector, más allá del Estado y del mercado: lo público no gubernamental. En principio, tanto el SNTE como Vamos México, independientemente de su orientación concreta como grupos de "la sociedad civil", pueden firmar convenios entre sí­; tienen la facultad legí­tima y seguramente respaldo legal para hacerlo. Al sumarse Televisa como difusora de la Guí­a, como parece ser el caso, tendrí­amos un actor diferente: una empresa comercial, lucrativa y de intereses polí­ticos bien conocidos.

El SNTE y Vamos México pueden firmar un acuerdo para difundir una guí­a de apoyo a los padres de familia en la educación de sus hijos conforme a un contenido propuesto y aprobado por ellos, y no requieren autorización de la Secretarí­a de Educación Pública (SEP). El artí­culo tercero y la Ley General de Educación reservan en exclusiva la definición de los contenidos de la educación constitucionalmente obligatoria (prescolar, primaria y secundaria en todas sus modalidades y tipos) y la relativa a la formación de profesores de esos niveles (educación Normal) a la SEP. Los demás contenidos de cualquier otro nivel o modalidad no están reservados al Estado, por lo que la Guí­a, a pesar de las molestias que provoque su contenido, no invade el espacio de la educación reservada al Estado. Su contenido constituye una "oferta alternativa" a otras que la SEP ha definido y puesto en circulación con mucho mayor capacidad técnica, visión nacional y perspectiva progresista, como Los libros de papá y mamá o los módulos del programa de Educación para la Vida. Otras alternativas las ofrece Canal 11 en su emisión semanal Escuela para padres.

Lo que no pueden hacer los firmantes es acordar la distribución y difusión de la Guí­a por medio de escuelas públicas ni comprometer a maestros del sistema educativo nacional (aunque todos estén sindicalizados) a difundirla. No es fácil disponer de locales adecuados para una empresa de la ambición del acuerdo firmado: llegar a 23 millones de padres de familia. ¿Por qué el SNTE no ofrece sus espacios académicos y sindicales como la Fundación SNTE o la Biblioteca México, o los numerosos edificios propiedad de delegaciones sindicales?

A la observación certera de algún maestro acerca de cómo se pagarí­an las horas extra de trabajo los fines de semana, corresponde el segundo gran punto de la invasión del espacio público: en ningún momento pueden esos actores pretender que el presupuesto de la educación pública se destine a pagar horas extras a los maestros para difundir esa Guí­a o que se modifiquen sus condiciones de trabajo. La invasión del espacio público de la educación no va por la ví­a del contenido conservador de la Guí­a, sino por la pretensión del SNTE de manejar maestros y escuelas públicas como si fueran de su propiedad y el acuerdo tácito de los otros actores de que es el camino para difundir su propuesta por todo el paí­s. No es éste el único rubro en que el SNTE actúa como propietario de la educación pública.

Este punto se relaciona con el abuso de su representatividad por parte de los actores. Sobre la confusa legitimidad de Vamos México, derivada del hecho de que su presidenta sea esposa del Presidente de la República y utilice los "recursos de relación" que ello le confiere (aunque no maneje ni los presupuestos ni los canales de distribución públicos) se ha vertido mucha tinta, incluyendo las recientes advertencias de su director general respecto de los peligros de una politización de la fundación frente a sus intenciones declaradas de constituirse como organización modelo del tercer sector. Muy confuso es también el uso que hace Elba Esther Gordillo de su posición de secretaria general del CEN del PRI, pues provocó reacciones en contra de miembros de ese partido.

En el caso del SNTE, este organismo sindical-profesional ha manifestado desde hace tiempo interés en apoyar las llamadas "escuelas para padres"; considera, con parte de verdad, que los resultados en torno a la educación de los alumnos están influidos por el apoyo que los padres dan a la educación de sus hijos. En fechas previas a la firma del acuerdo que nos ocupa convocó a múltiples actores a un acuerdo nacional que se realizó por etapas durante enero y febrero; en la clausura participaron más de 10 mil personas. Hasta qué punto el SNTE y sus invitados (entre ellos la Unión Nacional de Padres de Familia y la Federación de Asociaciones de Padres de Familia o algunos menos conocidos como el Colectivo de Hombres para las Relaciones Igualitarias, AC) están abusando de la representatividad que les confirieron sus agremiados compete responderlo, en primer término, a los miembros de las diferentes organizaciones, pero representa también un importante punto de reflexión en materia de participación social: el momento en que los representantes se alejan de sus representados y toman decisiones con fundamento en una representatividad que no tienen. Este punto ha sido una constante en la mayor parte de nuestras organizaciones y amerita profunda reflexión.

Cierto que la confusión es el signo de los tiempos, que derechas e izquierdas no tienen la consistencia ideológica que las caracterizó a lo largo del siglo xix y el xx, y que al igual que comparten aberraciones descubren coincidencias, pero precisamente la falta de congruencia y de razones claras para impulsar conjuntamente la convivencia plural de proyectos distintos, evidencia que el interés del convenio no es el bien público, sino el logro de beneficios polí­ticos coyunturales. ¿Por qué el SNTE, congruente con sus principios de defensa de la educación pública y laica, no ofrece el mismo desinteresado y voluntario apoyo a las otras guí­as mencionadas?

Un último punto de reflexión remite a los vací­os que está dejando la acción pública y que son ocupados por estos grupos de interés. La SEP hizo clara en un comunicado su posición respecto del derecho de los firmantes a promover otros contenidos para la formación de los padres. Respecto de la difusión de la Guí­a entre los padres dentro de las escuelas públicas aprovechando los fines de semana, aludió a un posible convenio con el SNTE, que no se ha concretado y que se enmarcarí­a en el Compromiso Social por la Calidad de la Educación, firmado en agosto de 2002. Pero no ha informado con amplitud sobre las "escuelas para padres" que se ofrecen semanalmente en muchas escuelas públicas. Tampoco ha definido los alcances y lí­mites de los Consejos de Participación Social ni informado sobre los avances del Compromiso Social por la Calidad de la Educación, ni parece reflexionar sobre el papel que deberá jugar ante la desigualdad de intereses y poder de los diversos grupos sociales participantes.

Pareciera que los actores con mayor capacidad de organización y de participación ocupan los espacios públicos sin miramientos y sin contrapeso, en favor de sus intereses. El espacio de la participación ciudadana no es neutro, ni mucho menos intrí­nsecamente positivo; es nuevamente un espacio social de posibilidad de democracia o de posibilidad de manipulación, autoritarismo o incluso imposición dictatorial de unos cuantos. Por esto se justifica un análisis minucioso de los componentes del convenio y de los mecanismos de acción de las organizaciones mencionadas por parte de otros organismos que defendemos la participación social.

Interrogantes

* ¿En qué medida la convocatoria a la participación ciudadana abre espacio a la privatización, definida como el uso de espacios públicos para la promoción de intereses o, en este caso, de ideologí­as personales o grupales?

* ¿Cómo conciliar la legí­tima aspiración democrática de construir un bien público sin exclusiones, sin un monopolio del gobierno, pero enfrentando la saturación del "campo" por parte de organizaciones y grupos que usan el ámbito educativo como plataforma polí­tica y arena de disputa ideológica?

* ¿Qué compromisos y acciones debemos impulsar quienes defendemos la participación como nueva expresión democratizadora? La rendición de cuentas también debe exigirse entonces a todos estos grupos.

Referencias

Comunicados OCE sobre Polí­tica y educación

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D.R. Observatorio Ciudadano de la Educación

Redacción: Alejandro Canales, Pedro Flores Crespo, Marí­a de Ibarrola, Pablo Latapí­ Sarre, Humberto Muñoz Garcí­a, Carlos Muñoz Izquierdo, Roberto Rodrí­guez y Leonel Zúñiga..

Marzo 15, 2003.