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Tomado del Observatorio Ciudadano de la Educación

Observatorio Ciudadano de la Educación

La educación en el DF y la reforma al artículo 122.
Primera
parte

Confusión por las propuestas

¿Cómo ha impactado la descentralización educativa
al DF?

En los últimos meses se han presentado dos propuestas que
tienen impacto sobre la educación básica en la Ciudad de
México: la creación de una nueva entidad desconcentrada
denominada
Administración Federal de Servicios Educativos en la Ciudad de
México,
y la reforma para adicionar una base sexta al apartado C del
artículo
122 constitucional. La coincidencia de ambas propuestas produjo serias
confusiones respecto de sí se trata de la
descentralización
del nivel que quedó pendiente desde 1992. De referirse a ese
caso,
la descentralización se estaría dando sin diálogo
o concertación previa y con una injustificada reducción
de
los recursos federales asignados al Distrito Federal (DF). Observatorio
analiza en esta entrega los aspectos que involucra cada propuesta,
así
como las inherentes vicisitudes que la federalización educativa
envuelve. En la siguiente entrega dará cuenta de los aspectos
jurídicos
y presupuestales que suponen dichas propuestas para la educación
en el DF.

Propuestas
La primera propuesta se refiere al decreto que prepara el Ejecutivo
Federal
sobre la creación de una nueva entidad desconcentrada denominada
Administración Federal de Servicios Educativos en la Ciudad de
México
(esta información fue dada a conocer por el secretario Reyes
Tamez
el 23 de septiembre de 2004 en una reunión de trabajo con las
comisiones
de Presupuesto y Educación Pública de la Cámara de
Diputados), que forma parte de una obligada reestructuración de
la Secretaria de Educación Pública (SEP), que
debió
ver reducidas sus cinco subsecretarías a solo tres. Esta
propuesta
tendría también la finalidad de iniciar la transferencia
de los servicios de educación inicial, preescolar, primaria,
secundaria,
especial, para indígenas y adultos, así como los centros
de actualización del magisterio al gobierno del DF. De aprobarse
el decreto, la antigua Subsecretaría de Servicios Educativos
para
el DF pasaría a constituir esa entidad.

La segunda propuesta se refiere al dictamen de reforma ya aprobada
por
la Cámara de diputados para adicionar una base sexta al apartado
C del artículo 122 constitucional. En este momento el Senado de
la República estudia dicho dictamen con objeto de ratificarlo,
modificarlo
o no aprobarlo. La esencia de esta reforma consiste en obligar al
gobierno
del DF a aportar, con cargo a su presupuesto, un porcentaje equivalente
al promedio de los recursos que las entidades federativas destinan al
financiamiento
de la educación básica, lo que  representaría
para el DF una erogación cercana a los 4 mil millones de pesos
(no
parece justificada la estimación de 9 mil millones, que en
algunos
medios ha sido mencionada). Con esto se pretende suprimir el
régimen
de excepción del que hasta ahora ha disfrutado el gobierno del
DF;
ya que esta entidad federativa es la única en la cual la
operación
de la educación básica que en ella se imparte es
financiada
en un 100 por ciento por la federación, misma que opera y
administra
hasta la fecha el preescolar, la primaria y la secundaria en la
entidad.

Nuevamente, el intenso debate que han causado ambas propuestas, en
particular
la segunda, manifiesta los serios conflictos y discrepancias existentes
entre los principales actores de la política educativa nacional,
lo que ya habíamos observado con la sorpresiva aprobación
por parte del Congreso de tres años de preescolar obligatorio,
no
previsto sin duda por el Ejecutivo que se preparaba para hacer
constitucionalmente
obligatorio solo un grado.

Las "federalizaciones? de la educación básica
Se han presentado dos procesos de federalización en
México,
que corresponden a dos decisiones con el mismo nombre pero sentido
diferente,
tomadas una al principio y otra al final del siglo XX, cuya finalidad
explícita
fue mejorar la atención educativa para toda la población
del país mediante la asignación diferenciada de
facultades
y responsabilidades a los diferentes niveles de gobierno reconocidos
por
la Constitución: la federación, los estados y los
municipios.

La primera "federalización?, acordada al crearse la SEP, a
principios
de la década de los veinte, inició el "largo camino?
hacía
la centralización educativa, aprovechando la facultad otorgada
al
gobierno federal de fundar escuelas y "auxiliar? a las entidades
federativas.
De esta manera, el gobierno federal llegó a operar directamente
más del 70 por ciento de las escuelas del país en
preescolar,
primaria, secundaria y Normal; unificó sueldos, prestaciones y
condiciones
de trabajo; propició la enorme expansión del Sindicato
Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE), que respondió
sólo
a la autoridad de la SEP, al tiempo que con el crecimiento de la
educación
en el país, incrementó el número de sus afiliados,
sus recursos, sus campos de acción y sus prebendas, muchas de
ellas
incorporadas en la legislación laboral del país;
finalmente,
unificó también propuestas, programas, contenidos, libros
de texto e hizo de la acción educativa una 
operación
homogénea  en todo el territorio nacional.

Los excesos de esta  centralización se hicieron ya
evidentes
para la década de los setenta: serias ineficiencias en lo
referente
a pago de sueldos, trámites, cambios de adscripción,
distribución
de libros de texto y desayunos escolares, mantenimiento de escuelas,
supervisión
efectiva, y un largo etcétera. Lo más importante fue que
dificultó seriamente la presencia de contenidos de
interés
regional y local en los planes, programas de estudio y libros de texto,
al igual que la participación de los actores locales y
regionales
en las decisiones sobre la educación "nacional?.

Distintos esfuerzos de desconcentración primero (1978) y
descentralización
después (1983) resultaron ineficientes y no logrados: se crearon
estructuras adicionales, por ejemplo las Unidades de servicios
educativos
a descentralizar (sorprende la semejanza con la propuesta de una nueva
Administración Federal de Servicios Educativos en la Ciudad de
México)
y hubo fuertes oposiciones exitosas, tanto del SNTE como de diversos
gobiernos
estatales.

La segunda "federalización? tiene correspondencia con uno de
los tres puntos centrales de la firma del Acuerdo Nacional para la
Modernización
de la Educación Básica (ANMEB) en 1992. En esta
ocasión,
el sentido de la misma fue contrario al anterior: el  gobierno
federal
"traspasa? íƒÂ¢í¢â€šÂ¬í¢â‚¬Å“y el gobierno estatal recibe-  los establecimientos
escolares
con todos los elementos de carácter técnico y
administrativo,
derechos y obligaciones, bienes muebles e inmuebles con los que la SEP
venía prestando en el Estado respectivo los servicios educativos
mencionados, así como los recursos financieros utilizados en su
operación.

En ese momento, 25 entidades federativas tenían su sistema
escolar
financiado y operado, fundamental o predominantemente, por el gobierno
federal. Sólo en cinco estados coexistía de manera
equilibrada
un sistema estatal de educación básica con el federal:
Jalisco,
México, Nuevo León, Sinaloa y Veracruz. Se traspasaron
entonces
a los gobiernos de todos los estados: 68,932 escuelas primarias, 9,436
escuelas secundarias, 349,435 maestros de primaria y 148,637 de
secundaria,
116,000 puestos administrativos, 22 millones de bienes muebles y 13.5
millones
de alumnos. En cada entidad federativa el traspaso de la
operación
tuvo efectos importantes y diferentes según la historia de sus
sistemas
escolares, el tipo de gobierno en turno, la existencia o no de grupos
preparados
para asumir la conducción local de la escolaridad, las
relaciones
de poder entre las secciones sindicales y las autoridades educativas
estatales
y/o federales, o las disputas internas sobre la conducción y el
sentido de la educación. En cada caso, el traspaso de una enorme
partida presupuestal afectó seriamente el presupuesto estatal y
motivó tentaciones de aplicarlo a la solución de otras
necesidades
más sentidas e inmediatas de los estados. Después de 12
años
de tomada la medida ha habido ciertamente una riqueza de innovaciones
educativas
y mejorías en las cifras nacionales de atención a la
educación
primaria, aunque hay también nuevos problemas generados, en
donde
se echa de menos una evaluación genérica de los efectos
de 
la descentralización.

Interrogantes
De esta forma, frente a la aplicación de ambas propuestas,
ninguno
de los actores implicados en la toma de decisiones parece preguntarse y
preocuparse por el impacto que ha tenido la descentralización
sobre
la calidad de la educación básica en el DF: los objetivos
y finalidades que se pretendieron, la manera como se dio la
descentralización
en todas las entidades de la federación, los problemas que
implicó
y las diferentes soluciones logradas a lo largo ahora de más de
12 años de realizada; los acuerdos iniciales que se tomaron con
respecto de la única excepción que quedó en esa
fecha:
el DF; la necesidad de diálogo con los principales interesados,
en este caso el gobierno de la Ciudad de México, o la
información
"objetiva? y "exacta? de las cifras sobre la distribución del
presupuesto
educativo; o como lo señalan Manuel Ulloa y Pablo Latapí,
"la relación federación-entidades federativas al
respecto,
la importancia relativa de cada fuente y la evolución
histórica
de su concurrencia? (El financiamiento de la educación
básica
en el marco del federalismo, 2000).

Frente a lo anterior, nos resulta clara la necesidad de demandar al
Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo que se fundamenten
técnicamente
todas las iniciativas antes de ponerlas en marcha, así como
solicitar
se conceda mayor importancia a la formalización de acuerdos y a
la comunicación, no sólo entre ellos, sino entre todos
los
actores que estamos involucrados en la definición de la
política
educativa nacional.

Anexos
 

Cuadro 1. ¿Cuánto gastará en
educación
el DF?

El  monto absoluto del subsidio federal a la
educación
del DF se acerca a los 18,000 millones de pesos. Los recursos que el DF
destinaría al financiamiento de la educación
básica
le  representarían una erogación cercana a los 4 mil
millones de pesos (no parece justificada la estimación de 9 mil
millones), equivalentes al 22% del mismo. Sin embargo, el impacto de
esta
reforma en el presupuesto del gobierno local sería menor, ya que
habría que descontar de la cantidad mencionada el monto de los
recursos
que en esta entidad se están destinando a la educación (a
través del otorgamiento de becas, de la distribución de
útiles
escolares, el mantenimiento de instalaciones o la distribución
de
libros de texto gratuitos).

Cuadro 2. Indicadores de la Educación en el Distrito
Federal

El gobierno de la Ciudad de México

Distribuye libros de secundaria gratuitos.
Creó 16 preparatorias en la Ciudad de
México,
que conforman el Sistema de Bachillerato del Distrito Federal. En el
ciclo
2004-2005 cuentan con una matrícula de 12 mil estudiantes 

Constribuye al mantenimiento físico de las
instalaciones escolares.

Entrega de manera gratuita paquetes de útiles
escolares a todos
los alumnos de educación básica.
Creó la Universidad de la Ciudad de
México.
Actualmente cuenta con una matrícula de 3,308 estudiantes,
proyectada
para 10 mil alumnos en el 2006.

Ofrece desayunos escolares a alumnos de preescolar y primaria
de las
escuelas públicas de las colonias populares de la ciudad.

La educación en la Ciudad de México

Participación de la matrícula del DF. en el
total nacional
Porcentaje

Preescolar
8.3

Primaria
6.1

Secundaria
8.9

Educación media superior y superior

Educación media superior pública
Educación superior pública

Bachilleratos de la UNAM (ENP y CCH)
Universidad Nacional Autónoma de México

Bachillertos del IPN (CECyT)
Instituto Politécnico Nacional

Bachilleratos Tecnológicos
Universidad Pedagógica Nacional

Colegio de Bachilleres
Universidad Autónoma Metropolitana

CONALEP
Otras instituciones

Otras instituciones
El DF. concentra el 17% de la educación superior
pública
del país.

Referencia
Comunicados OCE sobre Sistema e
instituciones

D.R. Observatorio Ciudadano de la Educación


Redacción: Edgar Becerra Bertram, Teresa Bracho, Alejandro
Canales,
Daniel Cortés Vargas, María de Ibarrola, Pedro Flores
Crespo,
Raquel Glazman, Antonio Gómez Nashiki, Pablo Latapí
Sarre,
Carlos Muñoz Izquierdo, Roberto Rodríguez Gómez,
Miguel
Ángel Rodríguez y Lorenza Villa Lever.


Noviembre 18, 2004