La Comunidad Académica en Línea

De la Jornada en línea del 7 de abril de 2008

■ Publicó el reglamento de la legislación sin tomar en cuenta al consejo consultivo, señala

■ El caso deber ser atendido jurídicamente, dice el coordinador del órgano, Alejandro Espinosa

■ ONG interpondrán una controversia constitucional; “el gobierno avala siembra de transgénicos”

Matilde Pérez U.

Ampliar la imagen ONG advirtieron que el uso de OGM sólo hará a campesinos más dependientes de trasnacionales ONG advirtieron que el uso de OGM sólo hará a campesinos más dependientes de trasnacionales Foto: Ap

El Ejecutivo federal violó la ley de bioseguridad y organismos genéticamente modificados (OGM) al publicar el reglamento de ésta sin consultar al consejo consultivo científico, por lo que hay una serie de inconsistencias y omisiones, dijo el coordinador de ese órgano, Alejandro Espinosa.

Comentó que en septiembre del año pasado giró un comunicado a la Presidencia de la República manifestando su inconformidad porque el citado consejo científico no fue consultado para analizar la última versión del reglamento de la citada legislación.

Expuso que el artículo 20 de dicha ley establece que el consejo consultivo científico de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Órganismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) fungirá como órgano de consulta obligatoria de la propia comisión en aspectos técnicos y científicos en biotecnología moderna y bioseguridad de los OGM. Por ello, abundó, era muy importante la consulta a comité en torno al reglamento publicado el pasado 19 de marzo en el Diario Oficial, pero al suprimir la consulta, éste se quedó sin las observaciones respectivas.

La situación es grave porque el consejo consultivo científico tiene funciones relevantes por atender y se le ha minimizado; sin embargo, se otorga relevancia a los comités técnicos científicos de las secretarías de Estado involucradas en dicha normatividad y se remite la actividad del citado órgano a las reglas de operación del mismo, lo que es un absurdo.

“Si la autoridad evitó la consulta obligada al consejo consultivo científico en el documento más importante para el país en asuntos relacionados con los organismos genéticamente modificados, es evidente que no consultará otros aspectos que pueden ser sumamente riesgosos para la nación”, asentó.

Consideró que la situación debe ser revisada a la brevedad en el ámbito jurídico, ya que el reglamento se publicó “en forma indebida, porque se dejó de atender el artículo 20 de la ley de bioseguridad”.

De su lado, Greenpeace, Semillas de la Vida y el Grupo de Estudios Ambientales interpondrán una controversia constitucional en contra de dicho reglamento y asentaron que recurrirán a todas las instancias jurídicas para detener la siembra de maíz transgénico en México.

“El gobierno federal pretende aprobar la siembra de transgénicos pasando por encima de la ley, ya que no se ha establecido un principio precautorio para proteger a los maíces criollos”, expusieron las organizaciones. Exigieron que el régimen especial de protección al maíz –cuyas reglas deben ser publicadas por las secretarías de Agricultura y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a más tardar en mayo del presente año– considere los planteamientos propuestos desde septiembre de 2006 por científicos, investigadores y organizaciones ambientalistas, así como campesinas.

Advirtieron que el uso de las semillas de maíz transgénicas lejos de ayudar a los campesinos los hará más dependientes de empresas trasnacionales como Monsanto, las cuales encarecerán las semillas. Insistieron en que la adopción de dicha tecnología en el país debe estar sujeta al escrutinio de los campesinos.

De la Jornada en línea del 7 de abril de 2008 ■ Publicó el reglamento de la legislación sin tomar en cuenta al consejo consultivo, señala ■ El caso deber ser atendido jurídicamente, dice el coordinador del órgano, Alejandro Espinosa ■ ONG interpondrán una controversia constitucional; “el gobierno avala siembra de transgénicos” Matilde Pérez U. Ampliar la imagen ONG advirtieron que el uso de OGM sólo hará a campesinos más dependientes de trasnacionales ONG advirtieron que el uso de OGM sólo hará a campesinos más dependientes de trasnacionales Foto: Ap El Ejecutivo federal violó la ley de bioseguridad y organismos genéticamente modificados (OGM) al publicar el reglamento de ésta sin consultar al consejo consultivo científico, por lo que hay una serie de inconsistencias y omisiones, dijo el coordinador de ese órgano, Alejandro Espinosa. Comentó que en septiembre del año pasado giró un comunicado a la Presidencia de la República manifestando su inconformidad porque el citado consejo científico no fue consultado para analizar la última versión del reglamento de la citada legislación. Expuso que el artículo 20 de dicha ley establece que el consejo consultivo científico de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Órganismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) fungirá como órgano de consulta obligatoria de la propia comisión en aspectos técnicos y científicos en biotecnología moderna y bioseguridad de los OGM. Por ello, abundó, era muy importante la consulta a comité en torno al reglamento publicado el pasado 19 de marzo en el Diario Oficial, pero al suprimir la consulta, éste se quedó sin las observaciones respectivas. La situación es grave porque el consejo consultivo científico tiene funciones relevantes por atender y se le ha minimizado; sin embargo, se otorga relevancia a los comités técnicos científicos de las secretarías de Estado involucradas en dicha normatividad y se remite la actividad del citado órgano a las reglas de operación del mismo, lo que es un absurdo. “Si la autoridad evitó la consulta obligada al consejo consultivo científico en el documento más importante para el país en asuntos relacionados con los organismos genéticamente modificados, es evidente que no consultará otros aspectos que pueden ser sumamente riesgosos para la nación”, asentó. Consideró que la situación debe ser revisada a la brevedad en el ámbito jurídico, ya que el reglamento se publicó “en forma indebida, porque se dejó de atender el artículo 20 de la ley de bioseguridad”. De su lado, Greenpeace, Semillas de la Vida y el Grupo de Estudios Ambientales interpondrán una controversia constitucional en contra de dicho reglamento y asentaron que recurrirán a todas las instancias jurídicas para detener la siembra de maíz transgénico en México. “El gobierno federal pretende aprobar la siembra de transgénicos pasando por encima de la ley, ya que no se ha establecido un principio precautorio para proteger a los maíces criollos”, expusieron las organizaciones. Exigieron que el régimen especial de protección al maíz –cuyas reglas deben ser publicadas por las secretarías de Agricultura y de Medio Ambiente y Recursos Naturales a más tardar en mayo del presente año– considere los planteamientos propuestos desde septiembre de 2006 por científicos, investigadores y organizaciones ambientalistas, así como campesinas. Advirtieron que el uso de las semillas de maíz transgénicas lejos de ayudar a los campesinos los hará más dependientes de empresas trasnacionales como Monsanto, las cuales encarecerán las semillas. Insistieron en que la adopción de dicha tecnología en el país debe estar sujeta al escrutinio de los campesinos.

De la Jornada en línea del 7 de abril de 2008

Gustavo Esteva gustavoesteva@gmail.com

Día tras día las clases políticas mexicanas desmantelan los remanentes del antiguo régimen. Al mismo tiempo, se empeñan en mantener la ilusión de que todavía está ahí: que el PRI existe y que la presidencia imperial sigue en funciones, por ejemplo. No se reconoce el fin de un régimen, acaso para introducir de trasmano el que le sucederá.

Cuando Miguel de la Madrid tomó posesión, en 1982, el sector público representaba dos terceras partes de una de las economías más cerradas del mundo. Cuando Vicente Fox tomó posesión, en 2000, el sector público representaba menos de la quinta parte de una de las economías más abiertas del mundo, una economía que había escapado al control de la nación.

El contraste es más agudo en términos políticos. El presidente-rey mantenía estricto control de su gabinete, su partido, su Congreso y su poder judicial. El día del destape, hasta el último cacique de pueblo buscaba su conexión con el nuevo presidente: sabía que de él dependería que le cortaran o no la cabeza. La estructura mafiosa del PRI llegaba hasta el último rincón del país, sólidamente articulada al gobierno y a su cabeza indiscutible. Sucesivos presidentes modificaron 500 veces la Constitución.

Fox nunca pudo ejercer control de su gabinete ni de su partido. Tampoco controlaba el Congreso y el Poder Judicial. No pudo siquiera someter a su voluntad el funcionamiento de la casa presidencial. Fracasó en sus desmañados intentos de realizar diversas reformas legales y cumplir sus promesas políticas.

El régimen monárquico que padecimos por más de 70 años ha desaparecido. No existe posibilidad de restauración, ni siquiera en el caso de que el PRI recuperara la presidencia. Vivimos en otra sociedad, con otra estructura política. Los reyezuelos que ejercen aún en el estilo político tradicional, imitando el ejercicio monárquico, son capaces de causar inmensos daños y de corromper cuanto tocan, pero su poder no puede compararse al de la presidencia imperial –entre otras muchas cosas porque ésta carecía de auténticos acotamientos y los reyezuelos están expuestos a todo género de restricciones, empezando por las que impone la Federación.

En los estados bajo su mando formal, los reyezuelos priístas se esmeran en mantener la impresión de que su partido existe y abonan a esa cuenta los triunfos electorales que consiguen. Los reyezuelos priístas del Congreso realizan una operación semejante y aprovechan la incompetencia y corrupción de sus colegas para crear la impresión de que controlan el proceso legislativo. Pero se trata de meras ilusiones. La estructura política que en sucesivas encarnaciones fue realmente partido gobernante, con su verticalismo autoritario y su flexibilidad experta, ha dejado de existir. Sus remedos estatales o legislativos son apenas polvos de aquellos lodos. En vez de aprovechar la oportunidad para formar un partido político contemporáneo, el PRI cristalizó como asociación laxa de mafias cómplices en el negocio de gobernar, cotidianamente dispuestos a ofrecerse al mejor postor.

No le va mucho mejor a quien ocupa la oficina presidencial. Se esfuerza también en crear la ilusión de que ejerce su cargo y que éste es lo que era. Disimula su debilidad tras el ejército y la policía, con el pretexto de combatir el narcotráfico. De ahí su famosa confusión, cuando afirmó que tenía el monopolio del poder político al referirse, aparentemente, al monopolio de la violencia legítima que la ley otorga al Ejecutivo.

Como se mantiene la orientación neoliberal que inauguró De la Madrid y en vez de alternancia hay sólo menos de lo mismo parece que se trata del mismo régimen, que nada ha cambiado. La complicidad de los medios y de muchos analistas políticos en esta engañifa contamina el ambiente político y es fuente continua de desconcierto.

Necesitamos organizar el ritual funerario del régimen que terminó. Estamos realmente en una transición política, aunque las clases políticas quieran convertirla en mera transa y atraigan la atención pública hacia los fuegos de artificio de sus disputas internas.

Persisten los esfuerzos por consolidar una república neoliberal, de corte estadunidense, en que el Estado no sea un poderoso consejo de administración de las corporaciones privadas y los gremios, con autonomía relativa, sino su instrumento dócil. Pero fuerzas políticas cada vez más amplias, en la base social, intentan reorganizar la sociedad desde su base para crear otro régimen político y económico.

Sólo con el debido funeral del régimen que murió podremos evitar que de su cadáver insepulto sigan brotando todo género de pestes. Así lograremos también la claridad pública necesaria para tomar posición en la disputa por definir el carácter del nuevo régimen, que es la que realmente importa ganar.

De la Jornada en línea del 7 de abril de 2008 Gustavo Esteva gustavoesteva@gmail.com Día tras día las clases políticas mexicanas desmantelan los remanentes del antiguo régimen. Al mismo tiempo, se empeñan en mantener la ilusión de que todavía está ahí: que el PRI existe y que la presidencia imperial sigue en funciones, por ejemplo. No se reconoce el fin de un régimen, acaso para introducir de trasmano el que le sucederá. Cuando Miguel de la Madrid tomó posesión, en 1982, el sector público representaba dos terceras partes de una de las economías más cerradas del mundo. Cuando Vicente Fox tomó posesión, en 2000, el sector público representaba menos de la quinta parte de una de las economías más abiertas del mundo, una economía que había escapado al control de la nación. El contraste es más agudo en términos políticos. El presidente-rey mantenía estricto control de su gabinete, su partido, su Congreso y su poder judicial. El día del destape, hasta el último cacique de pueblo buscaba su conexión con el nuevo presidente: sabía que de él dependería que le cortaran o no la cabeza. La estructura mafiosa del PRI llegaba hasta el último rincón del país, sólidamente articulada al gobierno y a su cabeza indiscutible. Sucesivos presidentes modificaron 500 veces la Constitución. Fox nunca pudo ejercer control de su gabinete ni de su partido. Tampoco controlaba el Congreso y el Poder Judicial. No pudo siquiera someter a su voluntad el funcionamiento de la casa presidencial. Fracasó en sus desmañados intentos de realizar diversas reformas legales y cumplir sus promesas políticas. El régimen monárquico que padecimos por más de 70 años ha desaparecido. No existe posibilidad de restauración, ni siquiera en el caso de que el PRI recuperara la presidencia. Vivimos en otra sociedad, con otra estructura política. Los reyezuelos que ejercen aún en el estilo político tradicional, imitando el ejercicio monárquico, son capaces de causar inmensos daños y de corromper cuanto tocan, pero su poder no puede compararse al de la presidencia imperial –entre otras muchas cosas porque ésta carecía de auténticos acotamientos y los reyezuelos están expuestos a todo género de restricciones, empezando por las que impone la Federación. En los estados bajo su mando formal, los reyezuelos priístas se esmeran en mantener la impresión de que su partido existe y abonan a esa cuenta los triunfos electorales que consiguen. Los reyezuelos priístas del Congreso realizan una operación semejante y aprovechan la incompetencia y corrupción de sus colegas para crear la impresión de que controlan el proceso legislativo. Pero se trata de meras ilusiones. La estructura política que en sucesivas encarnaciones fue realmente partido gobernante, con su verticalismo autoritario y su flexibilidad experta, ha dejado de existir. Sus remedos estatales o legislativos son apenas polvos de aquellos lodos. En vez de aprovechar la oportunidad para formar un partido político contemporáneo, el PRI cristalizó como asociación laxa de mafias cómplices en el negocio de gobernar, cotidianamente dispuestos a ofrecerse al mejor postor. No le va mucho mejor a quien ocupa la oficina presidencial. Se esfuerza también en crear la ilusión de que ejerce su cargo y que éste es lo que era. Disimula su debilidad tras el ejército y la policía, con el pretexto de combatir el narcotráfico. De ahí su famosa confusión, cuando afirmó que tenía el monopolio del poder político al referirse, aparentemente, al monopolio de la violencia legítima que la ley otorga al Ejecutivo. Como se mantiene la orientación neoliberal que inauguró De la Madrid y en vez de alternancia hay sólo menos de lo mismo parece que se trata del mismo régimen, que nada ha cambiado. La complicidad de los medios y de muchos analistas políticos en esta engañifa contamina el ambiente político y es fuente continua de desconcierto. Necesitamos organizar el ritual funerario del régimen que terminó. Estamos realmente en una transición política, aunque las clases políticas quieran convertirla en mera transa y atraigan la atención pública hacia los fuegos de artificio de sus disputas internas. Persisten los esfuerzos por consolidar una república neoliberal, de corte estadunidense, en que el Estado no sea un poderoso consejo de administración de las corporaciones privadas y los gremios, con autonomía relativa, sino su instrumento dócil. Pero fuerzas políticas cada vez más amplias, en la base social, intentan reorganizar la sociedad desde su base para crear otro régimen político y económico. Sólo con el debido funeral del régimen que murió podremos evitar que de su cadáver insepulto sigan brotando todo género de pestes. Así lograremos también la claridad pública necesaria para tomar posición en la disputa por definir el carácter del nuevo régimen, que es la que realmente importa ganar.

Del Universal en Línea del 10 de marzo de 2008

Bucareli Jacobo Zabludovsky

Al gobierno federal se le prendió de súbito el foco y se dispone a sacar petróleo de lo más profundo del golfo de México cuando, como nunca en su historia, las mayores transnacionales petroleras del mundo buscan desesperadamente nuevos yacimientos.

El jueves pasado The Wall Street Journal publicó una nota de Russell Gold que lleva un encabezado como mandado a hacer para consumo nacional: “Al cerrarse las puertas de mercados emergentes, las petroleras exploran más cerca de casa”. Merecen transcribirse algunos párrafos para entender de una buena vez el intríngulis. “Exxon, la mayor petrolera del mundo que cotiza en bolsa, dijo que incrementará sus gastos de capital en los próximos años en 25%, entre 25 mil millones de dólares y 30 mil millones de dólares al año, en parte para financiar nuevas exploraciones”.

Agrega Gold: “Hace tan sólo algunos años las grandes petroleras apostaban por los nuevos y prometedores campos de Rusia, Medio Oriente y África. Pero los altos precios del petróleo han hecho más complicado que esas compañías operen en el extranjero, a medida que muchos países productores se han vuelto más militantes, nacionalizando activos, rompiendo contratos e incrementando las tasas impositivas. Venezuela expropió los activos de Exxon el año pasado, lo que llevó a un enfrentamiento legal entre la empresa y el país sobre cómo debería compensarse a la petrolera por su pérdida. En busca de equilibrio por las puertas que se han cerrado en algunas de las regiones productoras de crudo más ricas del mundo, Exxon y sus rivales están usando nuevas tecnologías para reevaluar viejas reservas de petróleo que fueron abandonadas después de que se descubrieron yacimientos más sencillos de explotar, además de reconsiderar regiones que antes fueron pasadas por alto por ser demasiado difíciles… Exxon no es la única empresa que está probando esta estrategia. Royal Dutch Shell PLC, la segunda petrolera no estatal más grande del mundo por capitalización de mercado, está explorando… usando nuevas técnicas de recuperación de petróleo, tales como pozos horizontales e inyecciones de vapor de baja presión. Los altos precios de crudo han hecho que este proyecto recupere su atractivo… Exxon, Shell y otras grandes petroleras occidentales han pasado apuros en los últimos años para hacer crecer su producción y reemplazar sus reservas. Esto sucede en parte debido a que el acceso a algunos de los mejores campos del mundo, en Medio Oriente, Rusia y otras partes, ha sido limitado… También hay una mayor inversión en la exploración en alta mar en el golfo de México. Muchos de los nuevos pozos experimentales que Exxon planea abrir usarán tecnología de punta”. El mismo día del reportaje del WSJ, qué casualidad, Petróleos Mexicanos encadena la televisión nacional a la hora más cara y transmite un alegato de cinco minutos con énfasis en que el petróleo es nuestro, de todos los mexicanos, y su captura hará cachetones y chapeados a nuestros niños, empleados y bien pagados a los adultos, luminoso el futuro de la patria. Pero hay un pequeño problema: tenemos que buscar aliados, aunque no queremos que se sepa, nos da pena decirlo. La tesis a defender es que la Constitución no se toca y el petróleo es nuestro. Y se hacen dos versiones del documental de la tele. Uno, el oficial, en el portal de Pemex con una manipulación del párrafo clave, la cucharada de aceite de ricino en el vaso de jugo de naranja: “Afortunadamente, como lo han hecho otros países del mundo, México puede aprovechar la tecnología y la experiencia de quienes ya extraen el petróleo en aguas profundas. Podemos aprovechar ese conocimiento para sacar el petróleo que es nuestro”. En el portal de YouTube el mensaje apareció días antes: “Afortunadamente, como lo han hecho otros países, México puede establecer ALIANZAS con quienes ya cuentan con la tecnología, etcétera”. La palabra alianza se omite en la versión de Pemex para México. Borran la palabra, mantienen la intención. Aliarse es aunarse, hacerse uno, ese uno va a sacar el petróleo del fondo. Así define alianza el diccionario de María Moliner: “Acción de aliarse. Aconchabamiento, anfictionía, ansa, capilla, capillita, coalición, colusión, compadraje, compadrazgo, conchabamiento, conchabanza, confabulación, confederación, contubernio, eje, federación, germanía, hansa, liga, mancomunidad”. Un doble juego trata de preparar a los mexicanos para lo que les espera.

Hay una buena dosis de torpeza y desinformación, como se ha demostrado, a la que se une la dificultad para entender un asunto técnico de suyo complicado. Hasta dónde una alianza viola la soberanía. Es obvio que Pemex no puede por sí sola ocuparse de inversiones enormes sin tener los recursos ni la técnica. Nadie puede objetar la búsqueda de contratos de obra o convenios para aprovechar los yacimientos, pero sin perder la capacidad de definir cuándo, cómo y para qué necesitamos nuestro petróleo. México tiene que decidir sin precipitaciones y sin ceder a la presumible presión que las transnacionales petroleras están ejerciendo sobre el gobierno, a lo que algunos mal pensados pueden atribuir la urgencia con que los gobernantes tratan de convencernos de que es en este momento, ya, cuando debemos aliarnos para sacar el petróleo pagando con parte del producto el apoyo privado. Fuera de las voces políticas que polarizan y complican el asunto, hay opiniones serenas de técnicos mexicanos con experiencia que deben ser escuchadas y tomar la decisión conveniente a los intereses de los mexicanos por encima de los intereses de las compañías.

Esperamos que no exista una voluntad política de abrir los yacimientos del golfo a compañías con más presupuesto que el de México, con más empleados que habitantes en la mayoría de las naciones y con necesidad imperiosa de crecer, es decir, de encontrar nuevos yacimientos, en el instante milagroso en que México pone sus sueños de felicidad en la extracción de su tesoro, el de todos los mexicanos. Uno lo tiene, el otro lo rescata y todos encantados. Dígame usted si no somos unos suertudos. La canija casualidad.

Del Universal en Línea del 10 de marzo de 2008 Bucareli Jacobo Zabludovsky Al gobierno federal se le prendió de súbito el foco y se dispone a sacar petróleo de lo más profundo del golfo de México cuando, como nunca en su historia, las mayores transnacionales petroleras del mundo buscan desesperadamente nuevos yacimientos. El jueves pasado The Wall Street Journal publicó una nota de Russell Gold que lleva un encabezado como mandado a hacer para consumo nacional: “Al cerrarse las puertas de mercados emergentes, las petroleras exploran más cerca de casa”. Merecen transcribirse algunos párrafos para entender de una buena vez el intríngulis. “Exxon, la mayor petrolera del mundo que cotiza en bolsa, dijo que incrementará sus gastos de capital en los próximos años en 25%, entre 25 mil millones de dólares y 30 mil millones de dólares al año, en parte para financiar nuevas exploraciones”. Agrega Gold: “Hace tan sólo algunos años las grandes petroleras apostaban por los nuevos y prometedores campos de Rusia, Medio Oriente y África. Pero los altos precios del petróleo han hecho más complicado que esas compañías operen en el extranjero, a medida que muchos países productores se han vuelto más militantes, nacionalizando activos, rompiendo contratos e incrementando las tasas impositivas. Venezuela expropió los activos de Exxon el año pasado, lo que llevó a un enfrentamiento legal entre la empresa y el país sobre cómo debería compensarse a la petrolera por su pérdida. En busca de equilibrio por las puertas que se han cerrado en algunas de las regiones productoras de crudo más ricas del mundo, Exxon y sus rivales están usando nuevas tecnologías para reevaluar viejas reservas de petróleo que fueron abandonadas después de que se descubrieron yacimientos más sencillos de explotar, además de reconsiderar regiones que antes fueron pasadas por alto por ser demasiado difíciles… Exxon no es la única empresa que está probando esta estrategia. Royal Dutch Shell PLC, la segunda petrolera no estatal más grande del mundo por capitalización de mercado, está explorando… usando nuevas técnicas de recuperación de petróleo, tales como pozos horizontales e inyecciones de vapor de baja presión. Los altos precios de crudo han hecho que este proyecto recupere su atractivo… Exxon, Shell y otras grandes petroleras occidentales han pasado apuros en los últimos años para hacer crecer su producción y reemplazar sus reservas. Esto sucede en parte debido a que el acceso a algunos de los mejores campos del mundo, en Medio Oriente, Rusia y otras partes, ha sido limitado… También hay una mayor inversión en la exploración en alta mar en el golfo de México. Muchos de los nuevos pozos experimentales que Exxon planea abrir usarán tecnología de punta”. El mismo día del reportaje del WSJ, qué casualidad, Petróleos Mexicanos encadena la televisión nacional a la hora más cara y transmite un alegato de cinco minutos con énfasis en que el petróleo es nuestro, de todos los mexicanos, y su captura hará cachetones y chapeados a nuestros niños, empleados y bien pagados a los adultos, luminoso el futuro de la patria. Pero hay un pequeño problema: tenemos que buscar aliados, aunque no queremos que se sepa, nos da pena decirlo. La tesis a defender es que la Constitución no se toca y el petróleo es nuestro. Y se hacen dos versiones del documental de la tele. Uno, el oficial, en el portal de Pemex con una manipulación del párrafo clave, la cucharada de aceite de ricino en el vaso de jugo de naranja: “Afortunadamente, como lo han hecho otros países del mundo, México puede aprovechar la tecnología y la experiencia de quienes ya extraen el petróleo en aguas profundas. Podemos aprovechar ese conocimiento para sacar el petróleo que es nuestro”. En el portal de YouTube el mensaje apareció días antes: “Afortunadamente, como lo han hecho otros países, México puede establecer ALIANZAS con quienes ya cuentan con la tecnología, etcétera”. La palabra alianza se omite en la versión de Pemex para México. Borran la palabra, mantienen la intención. Aliarse es aunarse, hacerse uno, ese uno va a sacar el petróleo del fondo. Así define alianza el diccionario de María Moliner: “Acción de aliarse. Aconchabamiento, anfictionía, ansa, capilla, capillita, coalición, colusión, compadraje, compadrazgo, conchabamiento, conchabanza, confabulación, confederación, contubernio, eje, federación, germanía, hansa, liga, mancomunidad”. Un doble juego trata de preparar a los mexicanos para lo que les espera. Hay una buena dosis de torpeza y desinformación, como se ha demostrado, a la que se une la dificultad para entender un asunto técnico de suyo complicado. Hasta dónde una alianza viola la soberanía. Es obvio que Pemex no puede por sí sola ocuparse de inversiones enormes sin tener los recursos ni la técnica. Nadie puede objetar la búsqueda de contratos de obra o convenios para aprovechar los yacimientos, pero sin perder la capacidad de definir cuándo, cómo y para qué necesitamos nuestro petróleo. México tiene que decidir sin precipitaciones y sin ceder a la presumible presión que las transnacionales petroleras están ejerciendo sobre el gobierno, a lo que algunos mal pensados pueden atribuir la urgencia con que los gobernantes tratan de convencernos de que es en este momento, ya, cuando debemos aliarnos para sacar el petróleo pagando con parte del producto el apoyo privado. Fuera de las voces políticas que polarizan y complican el asunto, hay opiniones serenas de técnicos mexicanos con experiencia que deben ser escuchadas y tomar la decisión conveniente a los intereses de los mexicanos por encima de los intereses de las compañías. Esperamos que no exista una voluntad política de abrir los yacimientos del golfo a compañías con más presupuesto que el de México, con más empleados que habitantes en la mayoría de las naciones y con necesidad imperiosa de crecer, es decir, de encontrar nuevos yacimientos, en el instante milagroso en que México pone sus sueños de felicidad en la extracción de su tesoro, el de todos los mexicanos. Uno lo tiene, el otro lo rescata y todos encantados. Dígame usted si no somos unos suertudos. La canija casualidad.

Del universal en línea de 24 de marzo de 2008

Bucareli Jacobo Zabludovsky

Se comprueba una vez más: la memoria es una facultad que olvida. La semana pasada, al hacer una revisión de mi paso por Bucareli, omití un capítulo intenso y prolongado del oficio.

En el Novedades de don Rómulo O’Farrill, Bucareli 27, publiqué algunos reportajes y fui colaborador permanente de la página editorial con una columna nombrada Clepsidra por el director Ramón Beteta. Ahí encontré compañeros y maestros legendarios: Mario Rojas Avendaño, jefe de información, y Fernando Mora, jefe de redacción. Y un personaje inteligente, Fernando Canales, gerente creador del suplemento cultural con más influencia habido en México, a cargo de Fernando Benítez. Al grito de hueso corría el Chinchihuillas desde la máquina del reportero al escritorio del jefe, tenga su papel. Voces y teclas, humo y una que otra mentada.

Omito deliberadamente dos escalas porque no fueron en Bucareli aunque tampoco lejos. A dos cuadras, en la calle de Doctor Mora, costado poniente de la Alameda, hoy jardín sobre las ruinas del terremoto, olí por primera vez la tinta de las rotativas de El Nacional, ayudándole a corregir pruebas de galeras a Luis Felipe Ureña Uribe, inquilino de un cuarto de azotea en mi vecindad, San Jerónimo 124. Los días libres de escuela iba con él y de vez en cuando rematábamos, premio al deber cumplido, con Santa la de las veladoras, en el Callejón de San Miguel, una accesoria destartalada que de día nunca fue estanquillo y de noche nunca llegó a taberna, muelle último de trasnochadores sedientos y riquillos en busca de un baño de pueblo más que de sorpresas anecdóticas. Recuerdo a Santa: Luis, cómo me traes a este chamaco. El chamaco llevaba ya algunas horas de vuelo. Otros correctores de pruebas en El Nacional: El Chino Corona y Joaquín Bauche Alcalde. Leí para disfrutar más que para corregir, a Mónico Neck, seudónimo de Antonio Ancona Albertos. Antes que las señales para el linotipista aprendí a jugar póquer con baraja española y a no llorar cuando perdía.

A la sombra del Monumento a la Revolución, en Ezequiel Montes y después en Vallarta 20, la revista Siempre. Gratitud y recuerdo especiales merece José Pagés Llergo. Ya expliqué, en otro Bucareli, a qué grado cambió mi vida y me enseñó, antes que los secretos del periodismo, los principios de la amistad. Cumplí cada semana con el compromiso de mi artículo. Y hasta el último minuto de su vida con el de la lealtad.

El miércoles fue aniversario de la expropiación petrolera y el tema de los tesoros terrestres, someros o profundos, creció sin transparencia. Al gobierno mexicano le bastó en 1938 un solo discurso para expropiar sus yacimientos a las compañías extranjeras. Al de 2008 no le bastan mil declaraciones, entrevistas, documentales de televisión, anuncios de radio y columnas franca o secretamente pagadas para devolvérselos. Con la eficacia de una venta de Doritos, nos quieren convencer de las bondades de aliarnos con aquellos viejos conocidos que con otros nombres regresan a lo mismo. Setenta años duró su weekend, no estaban muertos, andaban de parranda. “Las compañías petroleras”, dijo el presidente Lázaro Cárdenas esa noche, “se han obstinado en hacer, fuera y dentro del país, una campaña sorda y hábil…

Han tenido dinero… dinero para la prensa antipatriótica que las defiende. Dinero para enriquecer a sus incondicionales defensores... Pero para salvar de la destrucción las cuantiosas riquezas que significan los gases naturales que están unidos con el petróleo en la naturaleza, no hay dinero, ni posibilidades económicas, ni voluntad para extraerlo del volumen mismo de sus ganancias.” Podría haberse dicho el miércoles pasado.

El presidente Felipe Calderón, después de garantizar que “el petróleo es y seguirá siendo de los mexicanos”, usó el verbo “transformar”, en el que todo cabe, planteando la necesidad del apoyo de “empresas especializadas” para acceder a “las enormes riquezas existentes” donde Pemex no puede llegar, como en las aguas profundas del golfo de México.

Jesús Reyes Heroles fue más claro al pedir que se modifique el marco jurídico de la empresa que dirige, porque “No es razonable que Petróleos Mexicanos realice por sí mismo prácticamente todas sus operaciones críticas, sin flexibilidad para apoyarse en otras empresas nacionales o extranjeras…”. Clarísimo, la no privatización tiene sus asegunes.

En el Zócalo, Andrés Manuel López Obrador anunció un plan de resistencia civil pacífica que comenzará mañana martes, si el Ejecutivo presenta una iniciativa de reforma energética.

Otra vez la memoria: el niño de nueve años, alumno de quinto en la escuela primaria República del Perú, San Jerónimo 112 bis, dejó sus cuatro domingos ahorrados en la caja para pagar la deuda petrolera, formó junto a sus compañeros en el patio, todos con la blusa blanca de los días de fiesta, y aunque no era lunes se cantó el Himno Nacional. Orgullosos, seguros, unánimes. Setenta años después, el viejo sigue pensando y sintiendo igual, convencido de que fueron los 20 centavos mejor invertidos de su vida. Aquel día de 1938 un águila voló sobre México. Hoy lo que queda del niño solo ve zopilotes. Despierta esperanzas el sorpresivo discurso juarista de Felipe Calderón el viernes en Palacio Nacional. Es una toma de posición. Si expresa una voluntad política, debe traducirse en hechos que defiendan lo que Juárez hace siglo y medio, cimientos de un Estado amenazados hoy más que nunca. El ¡Viva Juárez! de Calderón estimula mi optimismo de principio de semana.

Del universal en línea de 24 de marzo de 2008 Bucareli Jacobo Zabludovsky Se comprueba una vez más: la memoria es una facultad que olvida. La semana pasada, al hacer una revisión de mi paso por Bucareli, omití un capítulo intenso y prolongado del oficio. En el Novedades de don Rómulo O’Farrill, Bucareli 27, publiqué algunos reportajes y fui colaborador permanente de la página editorial con una columna nombrada Clepsidra por el director Ramón Beteta. Ahí encontré compañeros y maestros legendarios: Mario Rojas Avendaño, jefe de información, y Fernando Mora, jefe de redacción. Y un personaje inteligente, Fernando Canales, gerente creador del suplemento cultural con más influencia habido en México, a cargo de Fernando Benítez. Al grito de hueso corría el Chinchihuillas desde la máquina del reportero al escritorio del jefe, tenga su papel. Voces y teclas, humo y una que otra mentada. Omito deliberadamente dos escalas porque no fueron en Bucareli aunque tampoco lejos. A dos cuadras, en la calle de Doctor Mora, costado poniente de la Alameda, hoy jardín sobre las ruinas del terremoto, olí por primera vez la tinta de las rotativas de El Nacional, ayudándole a corregir pruebas de galeras a Luis Felipe Ureña Uribe, inquilino de un cuarto de azotea en mi vecindad, San Jerónimo 124. Los días libres de escuela iba con él y de vez en cuando rematábamos, premio al deber cumplido, con Santa la de las veladoras, en el Callejón de San Miguel, una accesoria destartalada que de día nunca fue estanquillo y de noche nunca llegó a taberna, muelle último de trasnochadores sedientos y riquillos en busca de un baño de pueblo más que de sorpresas anecdóticas. Recuerdo a Santa: Luis, cómo me traes a este chamaco. El chamaco llevaba ya algunas horas de vuelo. Otros correctores de pruebas en El Nacional: El Chino Corona y Joaquín Bauche Alcalde. Leí para disfrutar más que para corregir, a Mónico Neck, seudónimo de Antonio Ancona Albertos. Antes que las señales para el linotipista aprendí a jugar póquer con baraja española y a no llorar cuando perdía. A la sombra del Monumento a la Revolución, en Ezequiel Montes y después en Vallarta 20, la revista Siempre. Gratitud y recuerdo especiales merece José Pagés Llergo. Ya expliqué, en otro Bucareli, a qué grado cambió mi vida y me enseñó, antes que los secretos del periodismo, los principios de la amistad. Cumplí cada semana con el compromiso de mi artículo. Y hasta el último minuto de su vida con el de la lealtad. El miércoles fue aniversario de la expropiación petrolera y el tema de los tesoros terrestres, someros o profundos, creció sin transparencia. Al gobierno mexicano le bastó en 1938 un solo discurso para expropiar sus yacimientos a las compañías extranjeras. Al de 2008 no le bastan mil declaraciones, entrevistas, documentales de televisión, anuncios de radio y columnas franca o secretamente pagadas para devolvérselos. Con la eficacia de una venta de Doritos, nos quieren convencer de las bondades de aliarnos con aquellos viejos conocidos que con otros nombres regresan a lo mismo. Setenta años duró su weekend, no estaban muertos, andaban de parranda. “Las compañías petroleras”, dijo el presidente Lázaro Cárdenas esa noche, “se han obstinado en hacer, fuera y dentro del país, una campaña sorda y hábil… Han tenido dinero… dinero para la prensa antipatriótica que las defiende. Dinero para enriquecer a sus incondicionales defensores... Pero para salvar de la destrucción las cuantiosas riquezas que significan los gases naturales que están unidos con el petróleo en la naturaleza, no hay dinero, ni posibilidades económicas, ni voluntad para extraerlo del volumen mismo de sus ganancias.” Podría haberse dicho el miércoles pasado. El presidente Felipe Calderón, después de garantizar que “el petróleo es y seguirá siendo de los mexicanos”, usó el verbo “transformar”, en el que todo cabe, planteando la necesidad del apoyo de “empresas especializadas” para acceder a “las enormes riquezas existentes” donde Pemex no puede llegar, como en las aguas profundas del golfo de México. Jesús Reyes Heroles fue más claro al pedir que se modifique el marco jurídico de la empresa que dirige, porque “No es razonable que Petróleos Mexicanos realice por sí mismo prácticamente todas sus operaciones críticas, sin flexibilidad para apoyarse en otras empresas nacionales o extranjeras…”. Clarísimo, la no privatización tiene sus asegunes. En el Zócalo, Andrés Manuel López Obrador anunció un plan de resistencia civil pacífica que comenzará mañana martes, si el Ejecutivo presenta una iniciativa de reforma energética. Otra vez la memoria: el niño de nueve años, alumno de quinto en la escuela primaria República del Perú, San Jerónimo 112 bis, dejó sus cuatro domingos ahorrados en la caja para pagar la deuda petrolera, formó junto a sus compañeros en el patio, todos con la blusa blanca de los días de fiesta, y aunque no era lunes se cantó el Himno Nacional. Orgullosos, seguros, unánimes. Setenta años después, el viejo sigue pensando y sintiendo igual, convencido de que fueron los 20 centavos mejor invertidos de su vida. Aquel día de 1938 un águila voló sobre México. Hoy lo que queda del niño solo ve zopilotes. Despierta esperanzas el sorpresivo discurso juarista de Felipe Calderón el viernes en Palacio Nacional. Es una toma de posición. Si expresa una voluntad política, debe traducirse en hechos que defiendan lo que Juárez hace siglo y medio, cimientos de un Estado amenazados hoy más que nunca. El ¡Viva Juárez! de Calderón estimula mi optimismo de principio de semana.

Del universal en línea de 24 de marzo de 2008

Manuel Camacho Solís

La estrategia política que respalda la re-forma energética del gobierno de Felipe Calderón ya hizo agua. Ahora, los pasos que intente, difícilmente tendrán éxito. Estamos por ver las consecuencias de pretender cambiar el rumbo de la nación sin diálogo, sin fijar su posición, por la vía falsificada de cambiar las leyes por no tener los votos para reformar la Constitución y sin haber antes esclarecido los conflictos de interés que involucran a su gobierno.

En vez de una reforma, los escenarios a los que nos meterá el gobierno son: una reforma cosmética para lavar su cara ante los inversionistas; una derrota costosísima para el gobierno; o un país más dividido y confrontado.

El gobierno se engolosinó con las “reformas” que había promovido (pensiones, fiscal, electoral). Empezó a sobrevender (y creerse) su capacidad negociadora. El discurso de Calderón en la Universidad de Harvard dio muestras de su triunfalismo. Si había tenido éxito en esos primeros pasos, concluyó, lo tendría en el último: en la reforma energética.

Habría que recurrir al método probado. Pactar con las cúpulas del PRI. Aprobar en horas, mediante un albazo, la reforma. Resistir las movilizaciones opositoras y llevarlas al radicalismo para desplegar de nuevo la estrategia del miedo. Engañar a la opinión pública con que no se trataba de una privatización y desplegar, con el dinero necesario, el aparato de descalificación y propaganda.

Por distintos motivos, las voces con mayor peso, van pintado su raya. Cuauhtémoc Cárdenas, en un discurso fundamental, mostró que su posición no tiene nada en común con la del gobierno. Otros líderes se han deslindado. Francisco Rojas ha ganado el debate con su objetividad y la fuerza de sus argumentos. Miguel de la Madrid ha sido congruente con su propia reforma al 27 y 28, de 1983. Incluso líderes de opinión que pudieran coincidir con el plan gubernamental y que rechazan a AMLO, como Enrique Krauze, han llamado a un debate nacional.

Los argumentos del gobierno se han caído, uno por uno. Lo de las aguas profundas, la falta de dinero y la tecnología inaccesible. Hay un rechazo generalizado a que se comparta la renta petrolera y se reduzca la soberanía energética. La experiencia privatizadora obliga a una evaluación seria de sus resultados. Las dudas fundadas sobre los conflictos de interés y tráfico de influencias, debieron ser esclarecidas con oportunidad.

Felipe Calderón no ha hecho la tarea. Se dejó adular por su grupo cercano. Perdió un año sin secretario de Gobernación. Impuso un nuevo nombramiento inadecuado. No ha dado la cara. No ha fijado con determinación su posición. Quiere entrar al sendero de los cambios históricos, por la puerta de atrás.

Si Felipe Calderón quería avanzar, debió haber anticipado que el petróleo era demasiado importante como para hacer el cambio sin un proyecto explícito, una convocatoria sincera al diálogo, apertura completa de los medios para darle contenido y una agenda donde se empezará por lo fundamental, para ir después a los detalles técnicos.

Para tener éxito, lo tenía que hacer como ocurre en las democracias avanzadas. Con plena libertad. Sin interferencias de los recursos públicos. Dando la cara y sin posiciones hipócritas, como pretender usurpar el nombre del general Cárdenas para abrir las puertas a la inversión extranjera. No se va a aceptar que, con engaños, y sin los votos necesarios para una reforma constitucional, se pretenda cambiar el rumbo de la nación. Si Felipe Calderón se empecina, en vez de reforma energética, va a terminar dejando al país con una peor calificación de riesgo para los inversionistas.

Miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista

Del universal en línea de 24 de marzo de 2008 Manuel Camacho Solís La estrategia política que respalda la re-forma energética del gobierno de Felipe Calderón ya hizo agua. Ahora, los pasos que intente, difícilmente tendrán éxito. Estamos por ver las consecuencias de pretender cambiar el rumbo de la nación sin diálogo, sin fijar su posición, por la vía falsificada de cambiar las leyes por no tener los votos para reformar la Constitución y sin haber antes esclarecido los conflictos de interés que involucran a su gobierno. En vez de una reforma, los escenarios a los que nos meterá el gobierno son: una reforma cosmética para lavar su cara ante los inversionistas; una derrota costosísima para el gobierno; o un país más dividido y confrontado. El gobierno se engolosinó con las “reformas” que había promovido (pensiones, fiscal, electoral). Empezó a sobrevender (y creerse) su capacidad negociadora. El discurso de Calderón en la Universidad de Harvard dio muestras de su triunfalismo. Si había tenido éxito en esos primeros pasos, concluyó, lo tendría en el último: en la reforma energética. Habría que recurrir al método probado. Pactar con las cúpulas del PRI. Aprobar en horas, mediante un albazo, la reforma. Resistir las movilizaciones opositoras y llevarlas al radicalismo para desplegar de nuevo la estrategia del miedo. Engañar a la opinión pública con que no se trataba de una privatización y desplegar, con el dinero necesario, el aparato de descalificación y propaganda. Por distintos motivos, las voces con mayor peso, van pintado su raya. Cuauhtémoc Cárdenas, en un discurso fundamental, mostró que su posición no tiene nada en común con la del gobierno. Otros líderes se han deslindado. Francisco Rojas ha ganado el debate con su objetividad y la fuerza de sus argumentos. Miguel de la Madrid ha sido congruente con su propia reforma al 27 y 28, de 1983. Incluso líderes de opinión que pudieran coincidir con el plan gubernamental y que rechazan a AMLO, como Enrique Krauze, han llamado a un debate nacional. Los argumentos del gobierno se han caído, uno por uno. Lo de las aguas profundas, la falta de dinero y la tecnología inaccesible. Hay un rechazo generalizado a que se comparta la renta petrolera y se reduzca la soberanía energética. La experiencia privatizadora obliga a una evaluación seria de sus resultados. Las dudas fundadas sobre los conflictos de interés y tráfico de influencias, debieron ser esclarecidas con oportunidad. Felipe Calderón no ha hecho la tarea. Se dejó adular por su grupo cercano. Perdió un año sin secretario de Gobernación. Impuso un nuevo nombramiento inadecuado. No ha dado la cara. No ha fijado con determinación su posición. Quiere entrar al sendero de los cambios históricos, por la puerta de atrás. Si Felipe Calderón quería avanzar, debió haber anticipado que el petróleo era demasiado importante como para hacer el cambio sin un proyecto explícito, una convocatoria sincera al diálogo, apertura completa de los medios para darle contenido y una agenda donde se empezará por lo fundamental, para ir después a los detalles técnicos. Para tener éxito, lo tenía que hacer como ocurre en las democracias avanzadas. Con plena libertad. Sin interferencias de los recursos públicos. Dando la cara y sin posiciones hipócritas, como pretender usurpar el nombre del general Cárdenas para abrir las puertas a la inversión extranjera. No se va a aceptar que, con engaños, y sin los votos necesarios para una reforma constitucional, se pretenda cambiar el rumbo de la nación. Si Felipe Calderón se empecina, en vez de reforma energética, va a terminar dejando al país con una peor calificación de riesgo para los inversionistas. Miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista

De la Jornada en línea del 14 de marzo de 2008

■ Lamentan que el procurador Medina Mora y Jorge G. Castañeda enloden su memoria ■ El gobierno de Calderón está muy a tiempo de rectificar, sostiene el padre de Juan González

Blanche Petrich

Que se esclarezca la forma como fueron muertos los cuatro jóvenes mexicanos en la región ecuatoriana de Sucumbios, no que se enlode su nombre y su memoria, exigen desde Quito Álvaro González y Rita del Castillo, padres de uno de ellos, Juan.

Enterado de que el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, abrirá un expediente para investigar las razones por las que las víctimas de la matanza se encontraban en un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) –sin haber presentado antes sus condolencias a las familias– Álvaro González reclama: “El gobierno mexicano está muy a tiempo de rectificar y presentar ante Colombia una protesta formal por los asesinatos de estos muchachos”.

Ayer por la mañana fue identificada una más de las estudiantes muertas durante la incursión del ejército colombiano en Ecuador el pasado primero de marzo; se trata de Verónica Natalia Velázquez. Su hermano Javier y su madre, Ana María, recién llegados al país procedentes de México, acudieron a la morgue de Quito y por la dentadura pudieron establecer con un alto grado de certeza su identidad. Ana María se derrumbó ante la evidencia.

Por su parte, el secretario de Seguridad Interna y Externa de Ecuador, Gustavo Larrea, informó que, de acuerdo con los peritajes forense y militar preliminares, se sabe que tres de los 23 fallecidos a consecuencia de la incursión colombiana murieron por disparos hechos a menos de 40 centímetros de distancia. Los otros 20 –entre ellos cuatro mexicanos– perecieron a consecuencia de las bombas lanzadas por la aviación. Durante la expedición del secretario general de la OEA, Miguel Insulza, en la zona se constató la presencia de diez cráteres por la explosión de bombas de 250 kilos cada una.

El viaje a Ecuador había sido la ilusión de Verónica, egresada del Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Ella hacía aretes de palma, que vendía. Para juntar el dinero del boleto de avión trabajó muy duro, muchos meses. Lo último que supo su hermano Javier de ella fue mediante un correo electrónico en el que le contaba del congreso bolivariano, en Quito. Estaba contenta.

Rita del Castillo pide que sus palabras no sean censuradas. Quiere gritar su dolor y su impotencia; quiere decirle al presidente de Colombia Álvaro Uribe, el principal aliado de Estados Unidos en la región latinoamericana, el mandatario que recibe el trato más condescendiente en la prensa del continente, que es “un malnacido, un asesino”. Hace apenas dos días pudo identificar a su único hijo, Juan, de 28 años de edad, por un pie y una mano.

Su esposo, Álvaro González, retoma entonces la palabra para explicar por qué consideran necesario que el gobierno de México emita un pronunciamiento político inequívoco condenando la acción militar colombiana. “No murieron en un accidente; ellos estaban desarmados, viajando legalmente en Ecuador. El gobierno mexicano está a tiempo de rectificar su conducta equivocada”. Considera “indignante” el hecho de que el procurador Medina Mora anuncie que va a investigar a los jóvenes muertos, como si fueran delincuentes y no víctimas.

El padre de Juan González pide un espacio para responder a declaraciones del ex canciller Jorge G. Castañeda, quien declaró públicamente que en virtud de la colaboración de los jóvenes con una narcoguerrilla, “pues que se jodan”. Consideró que “esa grosería, esa majadería totalmente desconsiderada, dirigida a nosotros en el estado de ánimo en que nos hallamos, buscaba provocar una respuesta violenta. No le vamos a dar ese gusto, pero sí hay que decir que el señor habla como representante del agresor, como embajador de Colombia o de Estados Unidos, más que como mexicano”.

Juan, recuerdan sus padres, era un fanático de la música popular latinoamericana. Tenía una colección de más de 2 mil discos. Hizo la secundaria en el plantel cuatro de Ribera de San Cosme y la preparatoria en el CCH Vallejo. Investigaba sobre la creación de vallenatos relacionados con la historia de las FARC. Gran lector, como científico social especializado en América Latina se había enfocado en el proceso colombiano desde hacía varios años. “Hace poco le había yo dicho: oye, hijo, ya va siendo tiempo de que te titules. Me prometió que sí, que lo iba a hacer pronto”.

Asegura: “Con toda honestidad yo no tenía idea que él iba a viajar a un campamento de las FARC”, pero insiste en que, más que participar en campañas relacionadas con esa organización, su interés era académico. Juan González había escrito varios ensayos sobre la historia reciente del movimiento revolucionario colombiano. Uno de estos trabajos fue publicado en un libro de texto de la preparatoria rural de Chapingo.

Finalmente, se encuentran reunidas en Quito las familias de los cuatro mexicanos muertos en Sucumbios. Cuando quede finalizado el trámite para la identificación de los cuatro cuerpos, para el miércoles próximo a más tardar, tendrán que proceder a la repatriación de los restos.

De la Jornada en línea del 14 de marzo de 2008 ■ Lamentan que el procurador Medina Mora y Jorge G. Castañeda enloden su memoria ■ El gobierno de Calderón está muy a tiempo de rectificar, sostiene el padre de Juan González Blanche Petrich Que se esclarezca la forma como fueron muertos los cuatro jóvenes mexicanos en la región ecuatoriana de Sucumbios, no que se enlode su nombre y su memoria, exigen desde Quito Álvaro González y Rita del Castillo, padres de uno de ellos, Juan. Enterado de que el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, abrirá un expediente para investigar las razones por las que las víctimas de la matanza se encontraban en un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) –sin haber presentado antes sus condolencias a las familias– Álvaro González reclama: “El gobierno mexicano está muy a tiempo de rectificar y presentar ante Colombia una protesta formal por los asesinatos de estos muchachos”. Ayer por la mañana fue identificada una más de las estudiantes muertas durante la incursión del ejército colombiano en Ecuador el pasado primero de marzo; se trata de Verónica Natalia Velázquez. Su hermano Javier y su madre, Ana María, recién llegados al país procedentes de México, acudieron a la morgue de Quito y por la dentadura pudieron establecer con un alto grado de certeza su identidad. Ana María se derrumbó ante la evidencia. Por su parte, el secretario de Seguridad Interna y Externa de Ecuador, Gustavo Larrea, informó que, de acuerdo con los peritajes forense y militar preliminares, se sabe que tres de los 23 fallecidos a consecuencia de la incursión colombiana murieron por disparos hechos a menos de 40 centímetros de distancia. Los otros 20 –entre ellos cuatro mexicanos– perecieron a consecuencia de las bombas lanzadas por la aviación. Durante la expedición del secretario general de la OEA, Miguel Insulza, en la zona se constató la presencia de diez cráteres por la explosión de bombas de 250 kilos cada una. El viaje a Ecuador había sido la ilusión de Verónica, egresada del Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Ella hacía aretes de palma, que vendía. Para juntar el dinero del boleto de avión trabajó muy duro, muchos meses. Lo último que supo su hermano Javier de ella fue mediante un correo electrónico en el que le contaba del congreso bolivariano, en Quito. Estaba contenta. Rita del Castillo pide que sus palabras no sean censuradas. Quiere gritar su dolor y su impotencia; quiere decirle al presidente de Colombia Álvaro Uribe, el principal aliado de Estados Unidos en la región latinoamericana, el mandatario que recibe el trato más condescendiente en la prensa del continente, que es “un malnacido, un asesino”. Hace apenas dos días pudo identificar a su único hijo, Juan, de 28 años de edad, por un pie y una mano. Su esposo, Álvaro González, retoma entonces la palabra para explicar por qué consideran necesario que el gobierno de México emita un pronunciamiento político inequívoco condenando la acción militar colombiana. “No murieron en un accidente; ellos estaban desarmados, viajando legalmente en Ecuador. El gobierno mexicano está a tiempo de rectificar su conducta equivocada”. Considera “indignante” el hecho de que el procurador Medina Mora anuncie que va a investigar a los jóvenes muertos, como si fueran delincuentes y no víctimas. El padre de Juan González pide un espacio para responder a declaraciones del ex canciller Jorge G. Castañeda, quien declaró públicamente que en virtud de la colaboración de los jóvenes con una narcoguerrilla, “pues que se jodan”. Consideró que “esa grosería, esa majadería totalmente desconsiderada, dirigida a nosotros en el estado de ánimo en que nos hallamos, buscaba provocar una respuesta violenta. No le vamos a dar ese gusto, pero sí hay que decir que el señor habla como representante del agresor, como embajador de Colombia o de Estados Unidos, más que como mexicano”. Juan, recuerdan sus padres, era un fanático de la música popular latinoamericana. Tenía una colección de más de 2 mil discos. Hizo la secundaria en el plantel cuatro de Ribera de San Cosme y la preparatoria en el CCH Vallejo. Investigaba sobre la creación de vallenatos relacionados con la historia de las FARC. Gran lector, como científico social especializado en América Latina se había enfocado en el proceso colombiano desde hacía varios años. “Hace poco le había yo dicho: oye, hijo, ya va siendo tiempo de que te titules. Me prometió que sí, que lo iba a hacer pronto”. Asegura: “Con toda honestidad yo no tenía idea que él iba a viajar a un campamento de las FARC”, pero insiste en que, más que participar en campañas relacionadas con esa organización, su interés era académico. Juan González había escrito varios ensayos sobre la historia reciente del movimiento revolucionario colombiano. Uno de estos trabajos fue publicado en un libro de texto de la preparatoria rural de Chapingo. Finalmente, se encuentran reunidas en Quito las familias de los cuatro mexicanos muertos en Sucumbios. Cuando quede finalizado el trámite para la identificación de los cuatro cuerpos, para el miércoles próximo a más tardar, tendrán que proceder a la repatriación de los restos.

De la Jornada en línea del 14 de marzo de 2008

■ El problema no es la institución, sino lo que pasó en Ecuador: CDHDF

■ Condena en ambas cámaras a la campaña mediática contra universitarios

(Georgina Saldierna,Víctor Ballinas, Roberto Garduño, Enrique Méndez y Josefina Quintero)

En el Senado, PAN, PRD, PRI y PT salieron en defensa de la UNAM y en contra de la campaña mediática orquestada en diversos medios a partir de la presencia de estudiantes universitarios en un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), bombardeado en Ecuador por tropas colombianas.

En tanto, diputados priístas y perredistas alertaron que dicha campaña contra la máxima casa de estudios, avalada por el silencio del gobierno federal, abre la puerta a una página negra de macartismo y persecución contra los universitarios.

A su vez, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza, señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores tendría que estar justamente en una agenda muy importante en defensa de los intereses y derechos de nuestros connacionales, y advirtió que es muy grave que la discusión se esté desviando hacia la UNAM, porque el problema no es la institución, sino lo que pasó en Ecuador y con los mexicanos que estaban ahí.

En Xicoténcatl, senadores de PRD y PT exigieron al gobierno mexicano presentar ante Colombia protesta formal por el asesinato de cuatro nacionales y que recurra a organismos internacionales para sancionar a los responsables.

Pablo Gómez, del PRD, manifestó que en lugar de criticar a la UNAM por cosas en las cuales no tiene la menor injerencia, deberían protestar por el asesinato de mexicanos por parte de tropas colombianas. Eso es lo que tendría que preocuparnos, subrayó. Por su parte, Ricardo Monreal expuso que la cancillería está lejos de haber asumido una actitud digna en defensa de estos estudiantes y sus familias.

Alejandro González, del PT, calificó de timorata la actitud del gobierno calderonista y consideró que la cancillería virtualmente ha abandonado el caso. Exigió al gobierno de México que asuma su responsabilidad y reclame sanciones en relación con el asesinato de los jóvenes estudiantes. “Cuando menos debería haber una nota diplomática y una denuncia directa ante organismos internacionales”.

El senador priísta Francisco Arroyo Vieyra dijo que la Universidad Nacional es una institución muy acreditada ante la sociedad, y si bien “algunos alumnos tienen afanes internacionalistas por su edad y sus convicciones ideológicas, hay que evitar el linchamiento y tener respeto por nuestra máxima casa de estudios”.

Humberto Aguilar, del PAN, rechazó que se descalifique a alguna institución por algún hecho que se haya presentado, mucho menos porque no hay certeza sobre el motivo por el cual los estudiantes mexicanos estaban en Ecuador.

El presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Emilio Ulloa Pérez, dijo: “Que no crea el gobierno que va a afectar el prestigio de la Universidad, y mucho menos que el Congreso federal reducirá el monto de recursos que año con año se le destinan.

José Murat, del PRI, avisoró ante la inmovilidad del gobierno federal “los riesgos de una cacería de brujas”, mientras que Juan Guerra Ochoa llamó a la sociedad en general a defender a la UNAM.

De la Jornada en línea del 14 de marzo de 2008 ■ El problema no es la institución, sino lo que pasó en Ecuador: CDHDF ■ Condena en ambas cámaras a la campaña mediática contra universitarios (Georgina Saldierna,Víctor Ballinas, Roberto Garduño, Enrique Méndez y Josefina Quintero) En el Senado, PAN, PRD, PRI y PT salieron en defensa de la UNAM y en contra de la campaña mediática orquestada en diversos medios a partir de la presencia de estudiantes universitarios en un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), bombardeado en Ecuador por tropas colombianas. En tanto, diputados priístas y perredistas alertaron que dicha campaña contra la máxima casa de estudios, avalada por el silencio del gobierno federal, abre la puerta a una página negra de macartismo y persecución contra los universitarios. A su vez, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza, señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores tendría que estar justamente en una agenda muy importante en defensa de los intereses y derechos de nuestros connacionales, y advirtió que es muy grave que la discusión se esté desviando hacia la UNAM, porque el problema no es la institución, sino lo que pasó en Ecuador y con los mexicanos que estaban ahí. En Xicoténcatl, senadores de PRD y PT exigieron al gobierno mexicano presentar ante Colombia protesta formal por el asesinato de cuatro nacionales y que recurra a organismos internacionales para sancionar a los responsables. Pablo Gómez, del PRD, manifestó que en lugar de criticar a la UNAM por cosas en las cuales no tiene la menor injerencia, deberían protestar por el asesinato de mexicanos por parte de tropas colombianas. Eso es lo que tendría que preocuparnos, subrayó. Por su parte, Ricardo Monreal expuso que la cancillería está lejos de haber asumido una actitud digna en defensa de estos estudiantes y sus familias. Alejandro González, del PT, calificó de timorata la actitud del gobierno calderonista y consideró que la cancillería virtualmente ha abandonado el caso. Exigió al gobierno de México que asuma su responsabilidad y reclame sanciones en relación con el asesinato de los jóvenes estudiantes. “Cuando menos debería haber una nota diplomática y una denuncia directa ante organismos internacionales”. El senador priísta Francisco Arroyo Vieyra dijo que la Universidad Nacional es una institución muy acreditada ante la sociedad, y si bien “algunos alumnos tienen afanes internacionalistas por su edad y sus convicciones ideológicas, hay que evitar el linchamiento y tener respeto por nuestra máxima casa de estudios”. Humberto Aguilar, del PAN, rechazó que se descalifique a alguna institución por algún hecho que se haya presentado, mucho menos porque no hay certeza sobre el motivo por el cual los estudiantes mexicanos estaban en Ecuador. El presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Emilio Ulloa Pérez, dijo: “Que no crea el gobierno que va a afectar el prestigio de la Universidad, y mucho menos que el Congreso federal reducirá el monto de recursos que año con año se le destinan. José Murat, del PRI, avisoró ante la inmovilidad del gobierno federal “los riesgos de una cacería de brujas”, mientras que Juan Guerra Ochoa llamó a la sociedad en general a defender a la UNAM.

De la Jornada en línea del 14 de marzo de 2008

El operativo fue coordinado por altos mandos de la Agencia de Seguridad Estatal y de la PFP

■ El documento no hace referencia a presuntos responsables de los hechos ocurridos en 2006

Jesús Aranda

La Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó ayer la primera fase de su indagatoria sobre los hechos ocurridos en San Salvador Atenco en mayo de 2006, y acreditó la “posible violación grave” de garantías individuales y la coordinación de mandos policiacos “del más alto nivel de la Agencia de Seguridad Estatal y la Policía Federal Preventiva (PFP)” en la planeación del operativo que derivó en la muerte de dos personas y la detención de 207, de las cuales “solamente nueve resultaron ilesas”.

El informe, elaborado por los magistrados Sergio González Bernabé y Jorge Mario Pardo Rebolledo, destaca que el 4 de mayo de ese año policías estatales y federales, “atendiendo el plan trazado”, desbloquearon la carretera Texcoco-Lechería y marcharon hacia el centro de San Salvador Atenco, en donde “varios elementos policiales, sin control, agredieron a muchos manifestantes que aparentemente no oponían resistencia”.

El escrito hace una relación de los hechos que se suscitaron cuando, el 3 de mayo de 2006, locatarios del mercado Belisario Domínguez bloquearon la carretera Texcoco-Lechería en protesta porque no los dejaron instalar sus puestos, lo que provocó una serie de enfrentamientos, destacando el ocurrido en la calle Manuel González de Texcoco, donde los policías entraron al domicilio en que estaban los floristas y “lanzaron gases lacrimógenos y los sacaron del lugar con golpes de toletes, puños y pies”. También se da cuenta de que muchas personas detenidas fueron trasladadas en camionetas, “unas encima de otras, sobre charcos de sangre, mientras eran agredidas, pues a pesar de encontrarse sometidas, eran golpeadas con toletes, con los pies e inclusive los policías caminaban sobre ellas”, dice el informe. El documento que servirá de base para que Gudiño Pelayo elabore el dictamen no hace referencia a presuntos responsables civiles, penales, administrativos o políticos de los hechos, como tampoco menciona aspectos relacionados con la eventual reparación de la violación de garantías.

Los magistrados aseguraron en el documento que, después de haber entrevistado a 10 importantes funcionarios que tuvieron intervención en los hechos, entre ellos el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora; a 227 agentes policiacos y de migración y a 45 atenquenses que fueron detenidos, estaban en condiciones de responder a las preguntas que dieron origen a la formación de la comisión: “¿por qué se dieron esas violaciones?, ¿alguien las ordenó?, ¿obedeció a una estrategia estatal o al rebasamiento de la situación y a la deficiente capacitación de los policías?”

Sin embargo, las respuestas son “confidenciales” y sólo fueron entregadas al ministro instructor para que valore la información y, en su momento, lo plasme en el dictamen que conozca el pleno.

De la Jornada en línea del 14 de marzo de 2008 El operativo fue coordinado por altos mandos de la Agencia de Seguridad Estatal y de la PFP ■ El documento no hace referencia a presuntos responsables de los hechos ocurridos en 2006 Jesús Aranda La Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó ayer la primera fase de su indagatoria sobre los hechos ocurridos en San Salvador Atenco en mayo de 2006, y acreditó la “posible violación grave” de garantías individuales y la coordinación de mandos policiacos “del más alto nivel de la Agencia de Seguridad Estatal y la Policía Federal Preventiva (PFP)” en la planeación del operativo que derivó en la muerte de dos personas y la detención de 207, de las cuales “solamente nueve resultaron ilesas”. El informe, elaborado por los magistrados Sergio González Bernabé y Jorge Mario Pardo Rebolledo, destaca que el 4 de mayo de ese año policías estatales y federales, “atendiendo el plan trazado”, desbloquearon la carretera Texcoco-Lechería y marcharon hacia el centro de San Salvador Atenco, en donde “varios elementos policiales, sin control, agredieron a muchos manifestantes que aparentemente no oponían resistencia”. El escrito hace una relación de los hechos que se suscitaron cuando, el 3 de mayo de 2006, locatarios del mercado Belisario Domínguez bloquearon la carretera Texcoco-Lechería en protesta porque no los dejaron instalar sus puestos, lo que provocó una serie de enfrentamientos, destacando el ocurrido en la calle Manuel González de Texcoco, donde los policías entraron al domicilio en que estaban los floristas y “lanzaron gases lacrimógenos y los sacaron del lugar con golpes de toletes, puños y pies”. También se da cuenta de que muchas personas detenidas fueron trasladadas en camionetas, “unas encima de otras, sobre charcos de sangre, mientras eran agredidas, pues a pesar de encontrarse sometidas, eran golpeadas con toletes, con los pies e inclusive los policías caminaban sobre ellas”, dice el informe. El documento que servirá de base para que Gudiño Pelayo elabore el dictamen no hace referencia a presuntos responsables civiles, penales, administrativos o políticos de los hechos, como tampoco menciona aspectos relacionados con la eventual reparación de la violación de garantías. Los magistrados aseguraron en el documento que, después de haber entrevistado a 10 importantes funcionarios que tuvieron intervención en los hechos, entre ellos el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora; a 227 agentes policiacos y de migración y a 45 atenquenses que fueron detenidos, estaban en condiciones de responder a las preguntas que dieron origen a la formación de la comisión: “¿por qué se dieron esas violaciones?, ¿alguien las ordenó?, ¿obedeció a una estrategia estatal o al rebasamiento de la situación y a la deficiente capacitación de los policías?” Sin embargo, las respuestas son “confidenciales” y sólo fueron entregadas al ministro instructor para que valore la información y, en su momento, lo plasme en el dictamen que conozca el pleno.

De la Jornada en línea del 14 de marzo de 2008 En un documento demandan investigación seria y objetiva

Emir Olivares Alonso

Directores de facultades, escuelas, institutos, centros de investigación y titulares de áreas académicas y administrativas de la UNAM deploraron “la absurda caracterización que unos cuantos pretenden hacer” de la institución con el argumento de que en su interior existen grupos guerrilleros. Consideraron que esa campaña es un intento por lastimar a la casa de estudios, disminuir la trascendencia de su quehacer y afectar a su comunidad.

En un documento de siete puntos, el cuerpo directivo de la Universidad Nacional subrayó que la pluralidad es una de las fortalezas de la máxima casa de estudios. Exigieron a las autoridades competentes una investigación seria, objetiva, apegada a derecho y que deslinde responsabilidades individuales y colectivas por los hechos suscitados en Ecuador, cuando el ejército colombiano atacó a las FARC, razón por la que perecieron cuatro estudiantes mexicanos, tres de ellos de la UNAM.

“Lamentamos profundamente la pérdida de vidas y las lesiones originadas por los actos violentos registrados en la zona referida, en particular lo que afectó a algunos miembros de nuestra comunidad. Estos hechos, con independencia de las circunstancias que los hayan originado, deben reprobarse”, señalan en texto.

Asimismo, manifiestan su preocupación por la salud, integridad y el respeto a los derechos de los universitarios afectados por esos hechos. Consideraron que este tipo de campañas para denostar a la institución no son nuevas, pero “hoy como siempre serán derrotadas”. Insistieron en que cada uno de los integrantes de la comunidad –conformada por más de 350 mil universitarios— “tan plural y compleja” debe responder por sus actos y consecuencias que de ellos se deriven.

Resaltaron que “la UNAM es orgullosamente una institución pública, autónoma, de todos los mexicanos y comprometida con las mejores causas de nuestra sociedad. Una de sus grandes fortalezas es la pluralidad de sus integrantes y su quehacer. En ella se cultivan, en libertad, todas las expresiones de la cultura. En ella se estudian y analizan las distintas posiciones políticas e ideológicas, las diversas formas de organización de las sociedades. Un solo límite se impone a nuestra libertad: el respeto a los derechos de los demás”.

Recordaron que en el seno de la institución se han formado muchos de los mexicanos más sobresalientes, entre ellos destacados exponentes de la ciencia, las artes y las humanidades. “De nuestros espacios han surgido soluciones a los problemas del país. Con el quehacer de los universitarios se ha difundido la cultura nacional. Esto es lo que hacemos en la actualidad. Este es nuestro quehacer y compromiso”.

Los titulares de más de 150 instancias universitarias rechazaron el uso de la violencia como mecanismo para la solución de conflictos; contrario a ello subrayaron que para los universitarios los mecanismos para resolverlos son el diálogo, la razón y la búsqueda de consensos.

Por su parte, el Consejo Técnico del Colegio de Estudios Latinoamericanos (Cela) de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM –área a la que pertenecían dos de los cuatro estudiantes que se hallaban en el campamento de las FARC– deploraron el “violento” ataque colombiano por el que perdieron la vida universitarios a cuyas familias envió sus condolencias.

En un documento firmado por el coordinador del Cela, José Luis Ávila, esa instancia rechazó los señalamientos de diversos medios de comunicación de que en Filosofía y Letras se formen guerrilleros. Consideró tal versión como “un infundio” y recordó finalmente que en el seno de esa facultad se reivindica la libertad de investigación, de cátedra y el estudio del devenir de América Latina.

De la Jornada en línea del 14 de marzo de 2008 En un documento demandan investigación seria y objetiva Emir Olivares Alonso Directores de facultades, escuelas, institutos, centros de investigación y titulares de áreas académicas y administrativas de la UNAM deploraron “la absurda caracterización que unos cuantos pretenden hacer” de la institución con el argumento de que en su interior existen grupos guerrilleros. Consideraron que esa campaña es un intento por lastimar a la casa de estudios, disminuir la trascendencia de su quehacer y afectar a su comunidad. En un documento de siete puntos, el cuerpo directivo de la Universidad Nacional subrayó que la pluralidad es una de las fortalezas de la máxima casa de estudios. Exigieron a las autoridades competentes una investigación seria, objetiva, apegada a derecho y que deslinde responsabilidades individuales y colectivas por los hechos suscitados en Ecuador, cuando el ejército colombiano atacó a las FARC, razón por la que perecieron cuatro estudiantes mexicanos, tres de ellos de la UNAM. “Lamentamos profundamente la pérdida de vidas y las lesiones originadas por los actos violentos registrados en la zona referida, en particular lo que afectó a algunos miembros de nuestra comunidad. Estos hechos, con independencia de las circunstancias que los hayan originado, deben reprobarse”, señalan en texto. Asimismo, manifiestan su preocupación por la salud, integridad y el respeto a los derechos de los universitarios afectados por esos hechos. Consideraron que este tipo de campañas para denostar a la institución no son nuevas, pero “hoy como siempre serán derrotadas”. Insistieron en que cada uno de los integrantes de la comunidad –conformada por más de 350 mil universitarios— “tan plural y compleja” debe responder por sus actos y consecuencias que de ellos se deriven. Resaltaron que “la UNAM es orgullosamente una institución pública, autónoma, de todos los mexicanos y comprometida con las mejores causas de nuestra sociedad. Una de sus grandes fortalezas es la pluralidad de sus integrantes y su quehacer. En ella se cultivan, en libertad, todas las expresiones de la cultura. En ella se estudian y analizan las distintas posiciones políticas e ideológicas, las diversas formas de organización de las sociedades. Un solo límite se impone a nuestra libertad: el respeto a los derechos de los demás”. Recordaron que en el seno de la institución se han formado muchos de los mexicanos más sobresalientes, entre ellos destacados exponentes de la ciencia, las artes y las humanidades. “De nuestros espacios han surgido soluciones a los problemas del país. Con el quehacer de los universitarios se ha difundido la cultura nacional. Esto es lo que hacemos en la actualidad. Este es nuestro quehacer y compromiso”. Los titulares de más de 150 instancias universitarias rechazaron el uso de la violencia como mecanismo para la solución de conflictos; contrario a ello subrayaron que para los universitarios los mecanismos para resolverlos son el diálogo, la razón y la búsqueda de consensos. Por su parte, el Consejo Técnico del Colegio de Estudios Latinoamericanos (Cela) de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM –área a la que pertenecían dos de los cuatro estudiantes que se hallaban en el campamento de las FARC– deploraron el “violento” ataque colombiano por el que perdieron la vida universitarios a cuyas familias envió sus condolencias. En un documento firmado por el coordinador del Cela, José Luis Ávila, esa instancia rechazó los señalamientos de diversos medios de comunicación de que en Filosofía y Letras se formen guerrilleros. Consideró tal versión como “un infundio” y recordó finalmente que en el seno de esa facultad se reivindica la libertad de investigación, de cátedra y el estudio del devenir de América Latina.

De la Jornada en línea del 14 de marzo de 2008

Gabriela Rodríguez gabriela_afluentes@prodigy.net.mx

Uno nunca es lo suficientemente ingenuo para perder el asombro ante la perversión de las estrategias políticas, en especial las de la derecha en los poderes federales. Se trata de acciones que no sólo se multiplican, sino que se refinan y adquieren grados de sofisticación alarmantes.

Y no me refiero al tema de la privatización energética o la dependencia alimentaria, que son factores estructurales y más que vigentes para debilitar nuestros derechos económicos, sino a la política de población y de formación ciudadana en la escuela. Se trata de una agenda para debilitar los derechos democráticos y el poder de decisión de las y los ciudadanos, que viene incorporándose silenciosamente en México (importada del país del norte) para complementar y funcionalizar la política social a intereses macroeconómicos

Hoy podemos registrar un conjunto de contradicciones que evidencian una política encubierta y de facto que tiene tentáculos en las diferentes esferas de poder: la del Ejecutivo, del Judicial y del Legislativo.

Los hechos:

1. Se mantiene el lenguaje democrático en planes y programas nacionales mientras se financian actividades que contradicen el enfoque y las acciones concretas en los ámbitos operativos. Tal es el caso de la formación ciudadana y la educación sexual de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Mientras el programa de estudios y los libros de texto del nivel de educación básica desde hace 10 años se enfocan a fortalecer los valores democráticos, la formación crítica, la autonomía moral y el ejercicio de los derechos humanos, en particular en las asignaturas de ciencias naturales y de formación cívica y ética, gobernadores y empresarios (hasta hoy sabemos de Jalisco, Baja California, Chihuahua y Puebla) financian y distribuyen en las aulas de las escuelas públicas libros paralelos no autorizados por la SEP en los que no se mencionan los derechos humanos ni los marcos jurídicos que los sustentan, que sesgan y censuran la información opuesta a preceptos católicos, además de fomentar la discriminación sexual y la ignorancia.

2. Funcionarios públicos buscan legitimarse ante organizaciones civiles y grupos progresistas sosteniendo un lenguaje vanguardista en actos públicos (derechos de las mujeres, equidad de género, igualdad y no discriminación, laicidad del Estado), y simultáneamente realizan acciones en sentido contrario. La muestra la ofrecieron quienes encabezan la CNDH y la PGR al presentar las acciones de inconstitucionalidad respecto a la ley que despenaliza la interrupción del embarazo en el Distrito Federal. Más: la primera dama y la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos inauguran y apoyan un congreso que fomenta “la cultura de la vida y de la familia” en Guadalajara.

3. Se crea una iniciativa legal para controlar la información estadística mediante la cual el INEGI dejaría de ser autónomo, regresaría al Poder Ejecutivo federal la designación de todos los miembros de la junta de gobierno del rebautizado INEG (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) y tendría en sus manos el control de las encuestas, así como normar la producción de toda la información estadística del país.

4. Censurar las noticias en los medios. Dos casos ¿o causas?: Lydia Cacho y Carmen Aristegui.

5. Debilitar instituciones progresistas. Se disminuyen los presupuestos de género y de las políticas de población federales mientras se alientan movimientos sindicales contra funcionarios de la Secretaría de Salud del Distrito Federal o del Instituto de las Mujeres de la ciudad de México.

6. Se somete el Poder Judicial a intereses partidistas. Según seis magistrados de la Suprema Corte de Justicia, la tortura sicológica del gobernador de Puebla a la periodista Lydia Cacho (quien denunció una red de pederastas) no fue una violación a los derechos humanos.

7. Erosionar el Estado laico. El senador Federico Döring presenta iniciativa para crear una comisión de asuntos religiosos que fortalecería los derechos de las Iglesias (“libertad religiosa”, educación religiosa en la escuela pública, acceso a medios y a la función pública de sacerdotes) para así contrarrestar una iniciativa pluripartidista que busca fortalecer y precisar la laicidad del Estado dentro de la reforma constitucional. Además se busca negociar y hacer alianzas entre legisladores de la derecha priísta (Manlio Fabio Beltrones) y líderes de la “izquierda” más pragmática (Ruth Zavaleta) para empoderar a jerarcas eclesiales y autorizar que sacerdotes puedan ser funcionarios públicos, abriendo la ventana para manipular desde el púlpito candidaturas y políticas.

Siete líneas contundentes, más lo que se acumule en la semana, y aunque no es fácil decodificar las estrategias por ser tergiversadas y acordarse en lo oscurito, los actos permiten intuir la existencia de una lógica articulada con metas a mediano y largo plazos.

De la Jornada en línea del 14 de marzo de 2008 Gabriela Rodríguez gabriela_afluentes@prodigy.net.mx Uno nunca es lo suficientemente ingenuo para perder el asombro ante la perversión de las estrategias políticas, en especial las de la derecha en los poderes federales. Se trata de acciones que no sólo se multiplican, sino que se refinan y adquieren grados de sofisticación alarmantes. Y no me refiero al tema de la privatización energética o la dependencia alimentaria, que son factores estructurales y más que vigentes para debilitar nuestros derechos económicos, sino a la política de población y de formación ciudadana en la escuela. Se trata de una agenda para debilitar los derechos democráticos y el poder de decisión de las y los ciudadanos, que viene incorporándose silenciosamente en México (importada del país del norte) para complementar y funcionalizar la política social a intereses macroeconómicos Hoy podemos registrar un conjunto de contradicciones que evidencian una política encubierta y de facto que tiene tentáculos en las diferentes esferas de poder: la del Ejecutivo, del Judicial y del Legislativo. Los hechos: 1. Se mantiene el lenguaje democrático en planes y programas nacionales mientras se financian actividades que contradicen el enfoque y las acciones concretas en los ámbitos operativos. Tal es el caso de la formación ciudadana y la educación sexual de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Mientras el programa de estudios y los libros de texto del nivel de educación básica desde hace 10 años se enfocan a fortalecer los valores democráticos, la formación crítica, la autonomía moral y el ejercicio de los derechos humanos, en particular en las asignaturas de ciencias naturales y de formación cívica y ética, gobernadores y empresarios (hasta hoy sabemos de Jalisco, Baja California, Chihuahua y Puebla) financian y distribuyen en las aulas de las escuelas públicas libros paralelos no autorizados por la SEP en los que no se mencionan los derechos humanos ni los marcos jurídicos que los sustentan, que sesgan y censuran la información opuesta a preceptos católicos, además de fomentar la discriminación sexual y la ignorancia. 2. Funcionarios públicos buscan legitimarse ante organizaciones civiles y grupos progresistas sosteniendo un lenguaje vanguardista en actos públicos (derechos de las mujeres, equidad de género, igualdad y no discriminación, laicidad del Estado), y simultáneamente realizan acciones en sentido contrario. La muestra la ofrecieron quienes encabezan la CNDH y la PGR al presentar las acciones de inconstitucionalidad respecto a la ley que despenaliza la interrupción del embarazo en el Distrito Federal. Más: la primera dama y la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos inauguran y apoyan un congreso que fomenta “la cultura de la vida y de la familia” en Guadalajara. 3. Se crea una iniciativa legal para controlar la información estadística mediante la cual el INEGI dejaría de ser autónomo, regresaría al Poder Ejecutivo federal la designación de todos los miembros de la junta de gobierno del rebautizado INEG (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) y tendría en sus manos el control de las encuestas, así como normar la producción de toda la información estadística del país. 4. Censurar las noticias en los medios. Dos casos ¿o causas?: Lydia Cacho y Carmen Aristegui. 5. Debilitar instituciones progresistas. Se disminuyen los presupuestos de género y de las políticas de población federales mientras se alientan movimientos sindicales contra funcionarios de la Secretaría de Salud del Distrito Federal o del Instituto de las Mujeres de la ciudad de México. 6. Se somete el Poder Judicial a intereses partidistas. Según seis magistrados de la Suprema Corte de Justicia, la tortura sicológica del gobernador de Puebla a la periodista Lydia Cacho (quien denunció una red de pederastas) no fue una violación a los derechos humanos. 7. Erosionar el Estado laico. El senador Federico Döring presenta iniciativa para crear una comisión de asuntos religiosos que fortalecería los derechos de las Iglesias (“libertad religiosa”, educación religiosa en la escuela pública, acceso a medios y a la función pública de sacerdotes) para así contrarrestar una iniciativa pluripartidista que busca fortalecer y precisar la laicidad del Estado dentro de la reforma constitucional. Además se busca negociar y hacer alianzas entre legisladores de la derecha priísta (Manlio Fabio Beltrones) y líderes de la “izquierda” más pragmática (Ruth Zavaleta) para empoderar a jerarcas eclesiales y autorizar que sacerdotes puedan ser funcionarios públicos, abriendo la ventana para manipular desde el púlpito candidaturas y políticas. Siete líneas contundentes, más lo que se acumule en la semana, y aunque no es fácil decodificar las estrategias por ser tergiversadas y acordarse en lo oscurito, los actos permiten intuir la existencia de una lógica articulada con metas a mediano y largo plazos.